En particular, Mauricio Véliz recalcó que el haber acudido tanto a la Contraloría como al TER no fue un “acto opcional ni motivado por intereses políticos”. “La ley nos obliga a denunciar hechos que puedan constituir faltas a la probidad o abandono de deberes”, subrayó.
POR CARLOS ARIAS MORA
VICHUQUÉN. Ayer martes, se llevó a cabo un nuevo concejo municipal, instancia donde, en la denominada hora de incidentes, se abordó el episodio que el pasado viernes protagonizó el alcalde Patricio Rivera Bravo, quien fue detenido por Carabineros, en la ruta J-60, conduciendo un vehículo fiscal en estado de ebriedad.
Cabe señalar que en razón al rol fiscalizador que detentan, los concejales de la comuna de Vichuquén, dieron a conocer que acudieron tanto a la Contraloría General de la República como al Tribunal Electoral Regional (TER). De hecho, en el caso del primer organismo, plantearon que mientras dure la respectiva investigación, “se pueda suspender” al alcalde de su cargo “de manera provisoria”.
BOFETADA
Uno de los concejales que ayer se pronunció sobre la citada materia fue Mauricio Véliz. “El uso indebido de un vehículo fiscal en estado de ebriedad vulnera normas fundamentales, la Ley de Tránsito, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y el Decreto Supremo número 799 de 1974, que regula estrictamente los vehículos fiscales, o su utilización. Además, atenta contra el principio de probidad consagrado en el Constitución y en la Ley 18.575”, indicó. También abordó las palabras que el alcalde compartió tras ser formalizado por la justicia. “Su comunicado posterior en sí mismo es una bofetada a todas las familias que han perdido seres queridos en accidentes provocados por la irresponsabilidad de quienes conducen bajo los efectos del alcohol”, dijo, señalando que, en lo personal, perdió a un tío, precisamente, producto de un accidente de tránsito (falleció atropellado).
OBLIGACIÓN
Por último, Véliz profundizó respecto a las razones que justifican las medidas tomadas por el pleno de los concejales. “Nuestro mandato no es proteger a personas, sino resguardar la probidad, la institucionalidad y el interés de vecinas y vecinos de Vichuquén. Por lo mismo, acudir a la Contraloría General de la República y al Tribunal Electoral Regional no es un acto opcional ni motivado por intereses políticos, la ley nos obliga a denunciar hechos que puedan constituir faltas a la probidad o abandono de deberes”, dijo. “Cumplir con esa obligación es un deber legal y ético, no un acto de persecución. No se trata de hacer leña del árbol caído, como nos han dicho. O de buitres, como nos han tratado en redes sociales. Se trata de asumir responsabilidades políticas claras frente a la ciudadanía. Callar o relativizar sería en sí mismo una falta grave a la confianza que los vecinos depositaron en nosotros”, selló.
ALCALDE
Al final del concejo, el alcalde volvió a referirse a lo que fue su detención y posterior formalización. “No me estoy victimizando. Desde el primer día estoy dando la cara con la situación”, dijo. Agregó que, a través de mensajes, vecinos le informaron respecto a comentarios formulados por integrantes del concejo “metiendo cizaña” o “alterando” la situación que vivió. En tal contexto, recalcó que, deberán ser las “instancias pertinentes” las encargadas de “juzgar” lo que sucedió. “Obviamente tengo una responsabilidad y del día uno la he asumido”, agregó, asegurando además que, en lo personal, ha enfrentado situaciones incluso “más duras” de la que ahora está viviendo. “Hoy soy el presidente del concejo, soy el alcalde de la comuna de Vichuquén, pasándola muy mal, quizás, pero por decisiones propias”, cerró.
