La acción judicial interpuesta por Roberto Bustos se relaciona con declaraciones del parlamentario, quien afirmó que habría adjudicado contratos de emergencia a empresas constructoras en las que trabajó previamente.
TALCA. El diputado Alexis Sepúlveda señaló haber tomado conocimiento de una presentación judicial presentada por el exdirector regional de Vialidad, Roberto Bustos Bravo, sin embargo, dijo no haber sido notificado.
“Sin perjuicio que no he sido notificado de forma legal sobre dicha presentación, al respecto, debo señalar que lamento la acción presentada. Lo anterior, porque nunca he tenido el ánimo de afectar la honra del renunciado director. Es de público conocimiento que la ahora exautoridad, se encuentra bajo un sumario administrativo al interior del Ministerio de Obras Públicas y que sobre él también pesa una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de prevaricación. Serán las instancias administrativas y jurisdiccionales las encargadas de investigar y eventualmente sancionar estos hechos. Es en ese contexto que, consultado y con datos entregados por un medio de comunicación, manifesté mi opinión sobre una serie de antecedentes relativos a la gestión del exdirector que en mi concepto son evidentemente graves para la gestión de un cargo directivo de confianza de un Gobierno”, dijo el diputado.
Agregó que “en virtud del rol fiscalizador que la Constitución me asigna en mi calidad de diputado de la República; manifesté mi opinión con la transparencia con la que siempre he actuado en mi vida política. Lo anterior, de ninguna manera hará que renuncie a las facultades fiscalizadoras otorgadas por nuestra Constitución y mandatadas por la ciudadanía, como diputado de la República y en este caso representante de la Región del Maule”.
HECHOS
La acción judicial interpuesta por el exdirector de Vialidad, Roberto Bustos, se relaciona a declaraciones del parlamentario, quien afirmó que habría adjudicado contratos de emergencia a empresas constructoras en las que trabajó previamente.
Sobre el particular la abogada Grace Salazar, explicó que se trata de una acción privada por delito de injurias graves con publicidad que ha sido presentada en contra del diputado, por hechos falsos, que atentan contra su honra, el ejercicio de su cargo y que pone en riesgo la fe pública.
En la querella se pide una pena privativa de libertad que puede ir desde los 541 días hasta los 3 años”.
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