Opinión. Faltan fiscalizadores en los municipios, carencia de recursos para hacer cumplir lo que la ley establece y poca responsabilidad, de quienes tienen a su cargo una mascota.
CURICÓ. Valentín no quería salir a pasear por miedo a que fuera abandonado nuevamente. Después de ser rescatado, pasaron meses hasta que logró rehabilitarse y sanar sus heridas físicas y del alma.
La historia de Valentín es la de varios perritos que sufren a diario maltrato. Las agresiones no son solo golpes, sino que también dejarlos sin comida, agua, encadenados y no dotarlos de un lugar para protegerse del frío o calor.
Este año ha sido bastante complicado el tema del abandono y maltrato. En el mes de febrero salió a la luz un grave caso de abusos de todo tipo a animales que se encontraban en el refugio Almas en el Camino. Este se ubicaba en una escuela del sector de Vista Hermosa.
Se suponía que Susana Padilla Aránguiz rescataba perritos abandonados para cuidarlos y cambiar sus vidas, y siempre pedía dinero para recuperarlos. Pero esta premisa quedó en nada cuando se conoció el grave estado en que se encontraban los canes, varios de los cuales presentaban señales de haber sido abusados sexualmente.
Tras interponerse algunas querellas por maltrato hacia los animales, aún no se han cursado sanciones para Aránguiz y todo el sufrimiento de perros y gatos fue en vano. Y si bien se han hecho algunas marchas exigiendo justicia, quedó la sensación que da lo mismo causarle daño a otro ser vivo, porque los organismos competentes no actuarán a favor de estos.
DENUNCIAS
Si bien existe un formulario para hacer denuncias, a través de la página de la Municipalidad de Curicó o llevar esta situación a los organismos policiales, es muy bajo el porcentaje de estas que llega a convertirse en sanciones para los maltratadores.
Ante lo cual, surge la pregunta: ¿qué pasa con la ley Cholito y las sanciones que contempla para quienes incurren en el abandono y maltrato de animales?
Hay algo que no está funcionando bien y que se viene hablando desde hace un tiempo: faltan fiscalizadores en los municipios, carencia de recursos para hacer cumplir lo que la ley establece y poca responsabilidad de quienes tienen a su cargo una mascota.
“Se requiere que las denuncias sean efectivamente investigadas y luego, llevadas a un juicio”, planteó la abogada Antonieta Rojas González, quien mencionó además que existen algunos vacíos legales y no hay una coordinación entre el organismo persecutor y el ente encargado de la investigación.
Además la abogada hizo ver la necesidad de evaluar la ley existente y las políticas públicas vigentes tanto a nivel central como comunal. Lo mismo ocurre con el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del cual no se ha hecho un balance para ver el cumplimiento de metas y si estas se han traducido en un cambio sustantivo respecto de la problemática.