Solicitaron a Contraloría una investigación. 880 beneficiarias de diferentes comunas del Maule, protestaron y exigieron que se les transfieran los casi $1.300 millones adjudicados en un convenio con Sernameg. “Se nos ha mentido y perjudicado”, lamentan sus dirigentas.
TALCA. Un nuevo cuestionamiento a su enjuiciado funcionamiento sumó ayer el Gobierno Regional del Maule, luego que un grupo de emprendedoras ingresara a la Contraloría un requerimiento por el supuesto incumplimiento en la ejecución de un millonario proyecto FNDR que postulado el 2020, sin que a la fecha hayan tenido avances, pese, aseguran, a sus insistentes solicitudes.
Las afectadas llegaron hasta el edificio del organismo supervisor en calle Diagonal, tras reunirse en 2 Sur con 8 Oriente, para iniciar una marcha pacífica portando pancartas de protesta y en representación de las 880 beneficiarias de toda la región, pertenecientes al programa “Transferencia Fortalecimiento a los Negocios Liderados por Mujeres Jefas de Hogar”, aprobado el 2021 por un monto cercano a los 1.275 millones de pesos.
Acompañadas del diputado por el distrito 17, Jorge Guzmán, más de una treintena de ellas llegó a la sede de la entidad a presentar la solicitud para exigir lo que en opinión de sus voceras, Angélica Sánchez y Elizabeth Cerda, constituye una vulneración a sus derechos, porque corresponde a un “premio que nos ganamos, del que no hemos tenido respuesta, se nos ha amedrentado y no se da respuesta. La gobernadora Cristina Bravo eliminó toda comunicación, nos ha mentido, somos mujeres trabajadoras, no somos políticas, somos emprendedoras”, enfatizó esta última dirigente.
INCERTIDUMBRE
Las denunciantes detallaron que la respuesta que se les entregó de parte de la autoridad que asumió en julio de 2021 en el Gobierno Regional, fue que Contraloría habría rechazado la inversión social, apoyo que fue respaldado con el voto mayoritario de los consejeros de las cuatro provincias, y surgido bajo el alero técnico y administrativo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que en la anterior administración del Ejecutivo dirigía en el Maule María Antonieta Morales.
Pese a la suscripción del millonario convenio con el GORE, el proyecto sin razón justificada se encuentra paralizado, causando un grave daño a sus actividades, y en lo patrimonial y emocional. Ante esta compleja realidad aseguran que optaron por ejercer la medida de presión pública, ya que transcurridos cuatro años y dada la cercanía del término del actual periodo en enero próximo, la situación continúa sin resolverse, perjudicando los sueños de desarrollo de cientos de usuarias de diversas comunas, quienes han visto limitado su acceso a los beneficios económicos, calculados en alrededor de 700 mil pesos en promedio para cada una.
EFECTOS COLATERALES
“Les ofrecieron capacitaciones, la entrega de un teléfono celular y de recursos para fortalecer sus emprendimientos, y así contribuir a sus familias, eso fue el 2021. A la fecha, les han seguido prometiendo, postergando, entregando certificados, documentos, pero no han visto la materialización de los recursos que se les comprometieron”, enfatizó el diputado Guzmán.
El parlamentario añadió que de los dineros asignados a financiar las prestaciones adjudicadas, trascendió ya se han gastado cerca de 100 millones de pesos en pagar remuneraciones a una persona encargada del programa y en adquisición de mobiliario, labores que no reportan utilidad directa a las aquejadas microempresarias, quienes, adicionalmente, acusan estar sufriendo al verse impedidas de aspirar a otras líneas de financiamiento de otras instituciones estatales, como Sercotec o Fosis.
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