Gabriel Guerrero González. El inusual caso en nuestra zona, adquirió notoriedad tras un detallado reportaje realizado por Radio Biobío, donde se indicó que la Corte de Apelaciones habría solicitado abrir un cuaderno de remoción.
TALCA. El fiscal regional, Julio Contardo, confirmó la existencia de una causa penal de carácter reservado en curso en el marco de una investigación por la presunta responsabilidad en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones contra Gabriel Guerrero González, notario titular con oficinas ubicadas en el sector oriente de la ciudad.
Se trata de un grave caso por millonarias deudas que afecta a sus empleados, quienes están sufriendo el no pago completo de sus remuneraciones, cotizaciones previsionales atrasadas, entre otros incumplimientos supuestamente derivados de un déficit financiero por más de 750 millones de pesos que también se extiende al pago del arriendo y compromisos bancarios.
“He estado personalmente revisando el avance de esa investigación, son hechos de connotación pública que hace tiempo circulan en los medios de comunicación y que por lo tanto el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de seguir adelante con las responsabilidades penales que emanen de aquellos hechos”, explicó el jefe en el Maule del ente persecutor.
CUADERNO DE REMOCIÓN
El inusual caso en nuestra zona, adquirió notoriedad tras un detallado reportaje realizado por Radio Biobío, donde se indicó que la Corte de Apelaciones habría solicitado abrir un cuaderno de remoción para suspender del cargo al cuestionado abogado, encargado de dar fe de la legalidad de los actos de ciudadanos.
La situación impacta aún más a los trabajadores porque a raíz de la fuerte disminución de sus ingresos y el desorden administrativo de su empleador, han sido perjudicados porque han debido enfrentar rechazos en el acceso a créditos, prestaciones de salud y subsidios, lo que ha sido catalogado como un “menoscabo evidente” por el tribunal.
La investigación está en manos de una fiscal especializada en materia de este tipo. La determinación de cesar en sus actividades a Guerrero deberá ser resuelto por los tribunales superiores, en tanto el acusado pide no ser removido porque vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso.
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