Presuntos delitos. Presentación realizada el 2023 por el diputado Jorge Guzmán y el concejal Michael García, arrojó tratos directos por más de $630 millones sin causa justificada, entre otras reiteradas anomalías. Estudian interponer querella.
TALCA. Un duro informe final sobre los actos del Municipio de Constitución, emitió la Contraloría Regional del Maule, tras auditar las adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública y tratos directos, desde enero de 2022 a junio de 2023.
La revisión surgió luego que en agosto del año pasado, el diputado Jorge Guzmán y el concejal por la comuna en cuestión, Michael García, presentaran ante el órgano fiscalizador una serie de antecedentes, respecto a reiteradas compras dirigidas a un solo proveedor, sobreprecio, millonarios pagos fuera de contrato e inexplicables procedimientos carentes de transparencia, según indicaron, que, a juicio de los denunciantes, podrían ser constitutivos de transgresiones administrativas y diversos delitos penados por ley.
Los resultados del exhaustivo análisis de más de 140 páginas, fue evacuado este miércoles por el ente supervisor ratificando las sospechas, al constatar que se adjudicaron -a varios destinatarios- más de $630 millones vía trato directo sin causa justificada, entre ellos un empresario local, que resultó favorecido con innumerables solicitudes municipales.
DIVERSAS INCONGRUENCIAS
En una de las categóricas conclusiones que involucran a Maximiliano Hernández Rojas, se evidenció que la emisión de las cotizaciones presentadas por “Cuculí Grup SpA, sociedad de su propiedad, “para la producción de eventos de verano en los sectores rurales de Constitución, con servicios contratados por $8.925.000, fueron emitidas cuando el proveedor aún no informaba el comienzo de la actividad”.
En ese contexto, también se detectaron “diversas irregularidades relacionadas con: requerimiento de documentos en garantías por fiel y oportuno cumplimiento de contratos; carencia de documento y/o herramienta que establezca las características del bien o servicio a contratar por concepto de publicidad radial; incumplimiento en el plazo de suscripción de contrato”.
El informe 131 detalla irregularidades, en lo concerniente a requerimiento de documentos en garantías por fiel y oportuno cumplimiento de contratos; carencia de documento y/o herramienta que establezca las características del bien o servicio a contratar por concepto de publicidad radial; incumplimiento en el plazo de suscripción de contrato; inicio de vigencia de documentos en garantías y falta de fundamentación, en contrataciones efectuadas mediante la modalidad de trato directo.
SOSPECHAS
El texto continúa con “la falta de suscripción de contrato; eventual sobreprecio en la contratación de artistas; extemporaneidad en la emisión de la orden de compra y decreto que aprueba la adquisición; emisión de cotización por parte de proveedor antes de efectuar inicio de actividades ante el SII; gastos de difusión radial no acreditados; gastos de animación no acreditados; ausencia de certificado de recepción conforme de bienes o servicios adquiridos mediante trato directo; ausencia de informes sociales en la entrega de viviendas de emergencias”.
Al respecto, el parlamentario de Evópoli, junto con valorar que la Contraloría General de la República ratificara lo que denunció junto al concejal Michael García, sobre los excesivos tratos directos que se hicieron por parte de la Municipalidad de Constitución, enfatizó que “se acredita que la empresa Cuculí Group SpA cotizó y se contrató, incluso antes de hacer iniciación de actividad en el Servicio de Impuestos Internos. Esto es tan grave que la Contraloría, respecto de todas las contrataciones que se hicieron con Hernández y su empresa Cuculí Group, ha determinado remitir los antecedentes a la Fiscalía local de Constitución del Ministerio Público, porque estos antecedentes pueden ser constitutivos de delitos”.
El diputado Guzmán añadió que con su equipo y junto al edil de Constitución, analizarán en detalle el informe y “no descartamos que en las próximas semanas, presentemos una querella contra quien resulte responsable por los delitos que aquí se han cometido con los recursos de todos los ciudadanos de Constitución”.
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