Para funcionarios de liceo de Molina. Acción legal fue presentada por el Colegio de Profesores de Chile, a favor de siete trabajadores del Liceo Polivalente. En términos generales, la acusación da cuenta de “maltrato, acoso y agobio” contra ellos, por parte de la dirección del establecimiento.
El Juzgado de Letras de Molina acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales, que fue presentada por el Colegio de Profesores de Chile, a favor de siete trabajadores del Liceo Polivalente de la citada comuna. Corresponde a una acción legal contra el empleador de los citados funcionarios, es decir, el Municipio de Molina, encabezado por la alcaldesa Priscilla Castillo.
En términos generales, la acusación da cuenta de “maltrato, acoso y agobio” por parte de la dirección del aludido establecimiento. Cabe recordar que en aquel liceo ejercía el docente de filosofía, Albano Muñoz Briones, quien según lo ha manifestado de manera pública el Colegio de Profesores, en junio pasado se quitó la vida debido al “permanente hostigamiento” por parte de la actual directora del establecimiento, Magaly Sepúlveda.
DETALLE
La demanda de tutela fue acogida a tramitación y su audiencia preparatoria quedó fijada para el 29 de octubre a partir de las 9:00 horas. La demanda incluye los relatos de cada uno de los trabajadores que se hicieron parte de dicha acción, quienes son representados por Fernando Leal. En el texto se recalca que las “vulneraciones sufridas por los demandantes, se han producido ante el ejercicio de un liderazgo autocrático, descalificador, menoscabador, divisionista, agobiante, ofensivo e inhibidor, intimidante, negligente e inhumano por parte de la directora del establecimiento”. Se agrega que corresponde a una conducta que ha “vulnerado claramente el derecho a la integridad psíquica” de quienes suscribieron la demanda, “efectuándose acciones de maltrato, actos en consecuencias, que son vulneratorios de derechos fundamentales”.
MILLONARIO MONTO
Uno de los puntos que aborda la acción judicial es la solicitud del pago de una indemnización por “daño moral”, planteando para ello un monto de “100 millones de pesos para cada uno de los demandantes”. A ello se suma una serie de medidas reparatorias, como, por ejemplo, que tanto la directora del liceo Polivalente de Molina, como la alcaldesa de la comuna, pidan “disculpas públicas” a los denunciantes mediante un “acto de desagravio”.
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