Acuden a la Contraloría por recursos transferidos a fundación

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Los recursos entregados a la Fundación Urbanismo Social en diciembre de 2022 se transfirieron en su totalidad sin que el proyecto iniciara su ejecución.

Repercusiones Caso Convenios. Diputado Felipe Donoso y consejero regional César Muñoz, recurrieron al citado ente para obtener respuesta sobre el paradero de los más de 264 millones de pesos entregados a la fundación Urbanismo Social.

TALCA. Las aguas en torno al caso Convenios en el Maule están lejos de aquietarse a más de un año de conocido el escándalo de corrupción que estalló en Antofagasta y luego se conoció su alcance en nuestra región, donde hace pocas semanas el Ministerio Público confirmó que la gobernadora Cristina Bravo está siendo indagada en calidad de imputada por su posible participación en el delito de malversación de caudales públicos.
Tras la reunión sostenida el jueves con el fiscal anticorrupción, Eugenio Campos, por los diputados querellantes Jorge Guzmán y Felipe Donoso, este último ayer concurrió junto al consejero regional por la provincia de Talca, César Muñoz, hasta la Contraloría del Maule para pedir, por su intermedio, a la gobernadora regional que aclare formalmente si adoptó medidas para recuperar los casi 265 millones de pesos que fueron traspasados a Urbanismo Social, entidad que recientemente se conoció se declaró en quiebra.

FUNCIÓN FISCALIZADORA
“Como miembros del CORE, y con ello también garantes de los recursos económicos de la región, solicitamos a usted requerir un informe fundado a la gobernadora Cristina Bravo Castro sobre las medidas que ha adoptado para resguardar y recuperar los dineros que fueron transferidos directamente, y en su totalidad, mediante resolución a la entidad privada Fundación Urbanismo Social”, contiene el documento dirigido al contralor en el Maule, Carlos Basaez. Los dineros fueron entregados en diciembre de 2022 en su totalidad un una sola cuota, pese a que la organización apenas contaba con un patrimonio de 1 millón de pesos. El proyecto a ejecutar se denominaba “Juntos y Juntas nos Sentimos Más Seguros”, el que finalmente no se concretó, por eso ambos personeros hicieron la presentación con el fin que la autoridad regional explique qué ocurrió y dónde están efectivamente esos fondos. Respecto a dicha interrogante hasta ahora solo se ha conocido en declaraciones a medios de comunicación por parte de Cristina Bravo, que los fondos estarían resguardados. “Es relevante saber qué fue lo qué pasó y qué pasará con un dinero que se podría haber ocupado para fines de crecimiento en la zona, más aún cuando las noticias nos cuentan que dicha fundación habría solicitado, judicialmente, su liquidación”, enfatizó César Muñoz.

CRECE INCERTIDUMBRE
La preocupación del exseremi de Transportes se suma a las expresadas la semana pasada junto a su par de la provincia de Curicó, Mirtha Segura, en cuanto a que el funcionamiento y confianza en la imagen del Gobierno Regional se estaría viendo afectada por la creciente tensión dada las diversas irregularidades administrativas e imputaciones por los probables ilícitos que son materia de análisis en la justicia, entre ellos diligencias realizadas como toma de declaraciones, allanamiento en el edificio del Gobierno Regional a mediados de 2023 e  incautación de teléfonos y equipos en marzo pasado.
Por su parte, el parlamentario por el Maule Norte, a la salida del edificio del órgano supervisor, sostuvo que “acompañamos al Consejero Regional, quien, como parte de su función fiscalizadora al Gobierno Regional, está pidiendo a la Contraloría que inicie un sumario y le solicite los antecedentes que no le han entregado al Consejo Regional, sobre qué sucedió con los montos entregados a la Fundación Urbanismo Social”.