Por tercer año consecutivo. Cifra fue dada a conocer por el defensor regional del Maule José Luis Craig en su cuenta pública del 2023.
SAN JAVIER. Con énfasis en la coordinación y colaboración interinstitucional, el defensor regional del Maule, José Luis Craig, rindió su cuenta pública en la que informó los principales hitos de la gestión realizada durante el 2023 y lo que va del 2024.
La actividad, realizada en el Teatro Municipal de San Javier, contó con la presencia del defensor nacional, Carlos Mora, y de autoridades regionales, como la presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce; el fiscal regional, Julio Contardo; y del seremi de Justicia y Derechos Humanos, José González.
Parte del mensaje del defensor regional estuvo enfocado en visibilizar la realidad que viven las personas imputadas que, además, tienen enfermedades asociadas a la salud mental. En la actualidad, en el Maule, hay casi 400 personas en dicha condición y, de ellas, seis se encuentran en internación provisional en una cárcel y solo una, en un centro hospitalario especializado. “Hemos realizado diversas acciones para proteger y garantizar los derechos de las personas consideradas penalmente inimputables, tales como solicitudes en el sector público y colaboraciones con universidades de la región, para trabajar de forma conjunta y abordar esta preocupante realidad”, indicó Craig.
CIFRAS Y PRISIÓN PREVENTIVA
En cuanto al ingreso de causas, durante el 2023 se observó una importante baja del 7%, respecto del año anterior, en la cual hubo un alza del 4% en causas de adolescentes y una disminución en las causas de personas migrantes o extranjeras, que solo representan un 3,8% de los casos. Ahora bien, por tercer año consecutivo, subió el porcentaje de personas imputadas a las que se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva, con el 11% de los casos. “Estos números preocupan aún más cuando vemos las lamentables condiciones de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles maulinas que llegan, en algunos casos, a un 200%. Esta cifra crece aún más, llegando al 14,8%, en el caso de la imposición de internación provisoria para los adolescentes imputados”, señaló el defensor regional.
Al respecto, el jefe de la defensa penal pública reveló que el 58,2% de las personas sometidas a prisión preventiva el 2023 “no fue condenado, o si lo fue, fue a una pena en libertad. La pregunta surge de inmediato es si era necesaria la privación cautelar de su libertad durante su proceso, con todo lo que ello conlleva. En materia de adolescentes este número es mayor aún del 76,6%”, dijo.
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