Gobernadora regional del Maule. En entrevista con diario La Prensa, la autoridad habló respecto a los cuestionamientos ligados al GORE y la Fundación Urbanismo Social.
CURICÓ. La semana pasada se dio a conocer una carta donde la cuestionada Fundación Urbanismo Social dejaba entrever que el Gobierno Regional del Maule les habría solicitado contratar a tres personas para la ejecución de la iniciativa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”. De hecho, algunos parlamentarios y otras autoridades aseguran que la propia gobernadora regional, Cristina Bravo, habría condicionado la entrega de recursos a la contratación de esas tres personas. Todo esto en el marco del bullado caso “convenios” que tiene en la mira a Gobiernos Regionales y Secretarías Regionales Ministeriales por la entrega de recursos a fundaciones. Para conocer su impresión y preguntarle, directamente, si condicionó o no la entrega de recursos, diario La Prensa conversó con Cristina Bravo, quien, además se refirió a las medidas que se han tomado en el GORE, como el sumario administrativo que instruyó la semana pasada.
¿Los gobernadores regionales pueden asignar recursos de forma directa?
“Primero quiero aclarar que cuando se habla de la asignación directa a fundaciones sin fines de lucro y distintas organizaciones, los gobernadores regionales estamos facultados a asignar recursos a través de un programa de la Glosa 7.1 y quién nos facultó, el Congreso, los parlamentarios, a través de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2023”.
Se dice que usted habría condicionado la entrega de recursos a la Fundación Urbanismo Social a cambio de la contratación de tres personas, ¿Eso fue así?
“Respecto de la Fundación Urbanismo Social y de cualquier otra, jamás. Niego rotundamente haber condicionado la aprobación de recursos para que contraten a personas de mi confianza. Nunca lo he hecho. Yo no me he contactado con ninguna fundación (…) Jamás he condicionado la entrega o la aprobación de los recursos para que contraten a nadie. Lo que sucedió es que se pusieron personas a disposición para participar de un proceso de selección, que eso es muy distinto. A las personas que fueron entrevistadas, les hicieron entrevistas, les hicieron algunos test. Y en ese sentido quiero ser super honesta: jamás yo le he pedido a nadie u obligado a nadie a contratar a una persona si no pasa el proceso de selección, proceso que no llevamos nosotros, sino que lo lleva la fundación Urbanismo Social. Y de acuerdo a lo que me ha contado el jefe de la División de Fomento, me dice que se entrevistaron a cinco personas, no a tres como sale en la carta. Desconozco también qué pasó con esas personas que se entrevistó”.
¿Qué medidas está tomando usted como gobernadora para aclarar todo el asunto con la Fundación Urbanismo Social?
“Primero que todo, somos una de las pocas regiones que tenemos Control Interno, y al encargado le pedí toda la documentación donde él es el encargado de darle control de legalidad a los documentos. Además, somos uno de los Gobiernos Regionales que tenemos una comisión de Lavado de Activos y Delitos Funcionarios; y además instruí un sumario administrativo, para que se me aclaren todos los puntos que los consejeros regionales presentaron en la Contraloría y también lo que ha salido a la luz pública. Y además solicité una auditoría externa a los procesos de asignaciones directas desde el año 2019 al 2022”.
¿Se va a investigar quién filtró la carta de la Fundación? Pues antes que usted la leyera se conoció de manera pública.
“Yo creo que sí. Creo que nosotros vamos a investigar quién filtró la carta a los medios, pero eso es lo menos importante, porque el Gobierno Regional siempre ha tenido sus puertas abiertas a la ciudadanía, a todos. Cualquiera que solicite información nosotros estamos super disponibles a entregárselas. Lo que pasa es que cuando yo pregunto quién pudo haber visto la carta, todos me dicen ‘los 150 funcionarios’. ¿O sea que las cartas dirigidas a mi le llegan a los 150 funcionarios? Y aunque la información sea transparente, la documentación dirigida a mí no pueden llegarle a todos, por lo menos que le lleguen a los jefes de División, a las secretarias, que tengamos las personas acotadas que puedan revisar la correspondencia que me llega como gobernadora”.
¿Los consejeros denunciaron que la plataforma de gestión de documentos estuvo suspendida desde el viernes 30 de junio?
“Mentira. Jamás estuvo caída la plataforma. Lo que se restringió fueron las personas que podían revisar la correspondencia que llegaba a nombre de la gobernadora, para no hacer uso malicioso de la información”.
EMERGENCIA
Seguramente, este tema ha quitado tiempo para el trabajo que se realiza tras los problemas que dejó el sistema frontal.
“Así es. Siento que, si bien es cierto, lo que se busca con esto es dañar mi imagen sin duda, no he dejado de trabajar en terreno. He estado todos los días en terreno, salvo en un par de ocasiones (..) Nosotros seguimos trabajando en la emergencia. De hecho en el Consejo Regional del día martes, nosotros modificamos un programa que tenemos con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo que va a permitir que los emprendedores, los agricultores que perdieron sus recursos, su producción, todo, puedan postular a un cofinanciamiento con la CRDP (…) Además, tenemos otro programa de emergencia que estamos trabajando con Senapred, Conaf y Bomberos”.
“Mi foco está puesto en la gente y en la emergencia; el sumario hará lo suyo”, señaló finalmente, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, respecto a los cuestionamientos ligados a la Fundación Urbanismo Social.
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