José Patricio Correa. Señaló que se encuentran “a la espera” de la correspondiente “resolución jurídica”, relacionada a una “querella por usurpación” que presentó el municipio el año pasado.
CURICÓ. En contacto con diario La Prensa, el delegado presidencial provincial, José Patricio Correa, abordó el tema ligado a la “toma” de terrenos en el sector surponiente de la ciudad de Curicó. Recordó que cuando recién asumió su actual cargo, se encontró precisamente con un “decreto de desalojo”, firmado por el delegado anterior.
“Consultados los organismos jurídicos del Gobierno Interior, nos indicaron que había un error de fondo y de forma, por cierto, porque el terreno no correspondía a un bien nacional de uso público, sino que era un terreno que estaba asignado al municipio de Curicó. Por tanto, la jurisprudencia que teníamos nosotros para desalojar, no era competente en esta materia. Era el municipio, quien figuraba como dueño del terreno, quien debía, digamos, hacerse parte de este proceso, solicitar a tribunales a través de una querella por usurpación y esperar los resultados”, dijo.
Otra vía, dijo Correa, que se ha utilizado en diferentes partes del país, está ligada a la formulación de una denuncia al propio departamento de Obras municipales, en este caso, por la construcción, fuera de norma, sin los permisos de edificación respectivos. Aquello, insistió, hubiese permitido “un desarme de manera más rápida de estas construcciones”.
REQUISITOS
Correa agregó que si bien, durante el año pasado hubo algunos intentos para concretar un “desalojo”, lo cierto es que “cuando nos reunimos con Carabineros para ejecutar estos trabajos, se solicitaron algunos requisitos por parte de ellos”, entre ellos, el ligado al “destino” de las personas que allí residen. “Entiendo que, por las dimensiones, es muy difícil para el municipio hacerse cargo. Recordar que deben haber alrededor de 200 casas”, indicó.
En tal contexto, agregó que desde la delegación se encuentran “a la espera de una resolución jurídica, a través de una querella por usurpación que, entiendo, extendió el municipio el año pasado. Por cierto, deben zanjar y solicitar una orden judicial de desalojo y para eso nosotros, en coordinación con Carabineros vamos a estar prestos para ayudar, de acuerdo a lo requerido”, subrayó.
CÓDIGO PENAL
El delegado cuestionó las facultades jurídicas que tienen tanto los municipios, como los privados que se ven afectos a este tipo de usurpación de terreno, para lo cual, dijo, más bien se necesita poder “actualizar” el Código Penal.
“Aquí hay un tema macro, un tema mayor: los delitos de usurpación de terreno tienen penas muy bajas, a diferencia, por cierto, de otros delitos. Las multas que llegan, digamos, a ejecutarse en este tipo de situaciones son como 1,2 millones de pesos, que finalmente no sirven como para disuadir a las personas (…) al final son como multas simbólicas. Generalmente las personas que están incurriendo en este delito son personas que no tienen los recursos para pagar, y por tanto no hay ninguna forma de hacer presión en la jurisdicción como para poder pagar esas multas. Y lo otro que hay que considerar es que esa tipificación es de larga data. No se ha modificado el Código Penal, desde hace muchos años, por tanto, el contexto de Chile hace 50, 40, 30 ó 20 años atrás, es muy distinto a lo que ocurre hoy en día”, dijo.
VOLUNTAD
Por último, recalcó que, desde su parte, siempre ha existido la “voluntad” de poder enfrentar dicha materia y arribar a algún tipo de “solución”. “Por parte de nuestro Gobierno y lo que me compete, nosotros hemos estado dispuestos desde el primer día a generar las ayudas dentro del marco legal, con todo lo que implica, pero también hay que considerar lo que está establecido por ley, también, por cierto, lo que solicitó Carabineros, en su minuto, en términos humanitarios, respecto de donde destinar a las personas que serán desalojadas (…) Yo creo que esta situación, que se genera a lo largo del país, tiene una solución más amplia, más multifactorial que endosar la responsabilidad o en un Gobierno o en un municipio. Tenemos que generar otro tipo de voluntades y buscar la forma de solucionarlo de igual manera. De todas formas, vamos a esperar la resolución de tribunales para que, en el caso que dictamine un desalojo, nosotros poner a disposición todo lo que la ley nos compete”, concluyó.
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