Mantienen prisión preventiva para los acusados de estafar a curicana

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Abogado querellante celebró la decisión del tribunal de alzada capitalino.

Engaño. No hay que olvidar que la víctima denunció que perdió su casa a través de engaños.

SANTIAGO/CURICÓ. El 27 de diciembre del año pasado, en el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, la defensa de los imputados Rodrigo y Eduardo Mohana Lacamara solicitó nuevamente la revisión de la medida cautelar que pesa sobre sus representados, quienes fueron denunciados por la curicana Daisy Valderas Fuentes, una persona adulta mayor que recurrió a la justicia debido a que aseguró que fue engañada por esos hombres que le prestaron dinero y que la hicieron firmar (a través de engaño) documentos mediante los cuales se “apoderaron” de su vivienda ubicada en un privilegiado sector de Curicó.

El abogado de la víctima, Marcelo Barrios Orellana, recordó que los acusados están en prisión preventiva desde el 1 de agosto de 2022. “En esta ocasión, el juzgado mantuvo la medida cautelar, pero modificó la causal, dejando sin efecto la de peligro para la seguridad de la sociedad y para las víctimas y la cambió a peligro de fuga. De esa manera, fijó una caución de 20 millones de pesos por cada uno de los acusados, en total 40 millones, para que en el evento de que pagaran quedaran en libertad” indicó.

EXITOSA APELACIÓN

Ante ese escenario, el profesional sostuvo a diario La Prensa que los abogados querellantes en la causa apelaron a la resolución. “Finalmente, el 6 de enero del presente año, la Octava Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición y revocó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía y mantuvo la prisión preventiva, pero por peligro para la seguridad de la sociedad, peligro de las víctimas y peligro de fuga, impidiendo de esta forma que queden en libertad”, manifestó.

Marcelo Barrios recordó que esta causa data de una querella presentada el 2019 por hechos ocurridos el 2017, donde hay “al menos 11 delitos de estafas y usuras reiteradas, donde una de las víctimas es una ciudadana curicana que perdió su inmueble, su único bien, y fue despojada de éste por los imputados en 2019.