Déficit habitacional en Chile

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Editorial

600 mil familias en Chile no tienen acceso a una vivienda digna. A mayor abundamiento, solo en los últimos 18 meses, cada día 120 familias “no ven otra opción” que irse a vivir a un campamento. Según un informe dado a conocer por Techo-Chile y la Fundación Vivienda, solo desde octubre de 2019, tras el denominado “Estallido Social”, el número de familias en el país viviendo en campamentos aumentó casi en un 74%. Por estos días, en Chile, 81.643 familias están viviendo en campamentos, distribuidas en 969 asentamientos, la cifra más alta desde 1996.

¿Cómo se explica este escenario? El sistema con el que cuenta el Estado simplemente no da abasto para brindar una respuesta a la demanda que por estos días se presenta. 

A pesar de cumplir con los requisitos, y de postular y postular para acceder a algún subsidio de carácter habitacional, no son pocas las familias las que pasan años esperando conseguir una solución definitiva y poder así cumplir el “Sueño de la Casa Propia”. 

Desde Techo Chile recalcan que los campamentos no son el “problema”, sino que un “síntoma” de la falta de acceso a la vivienda que hay en nuestro país. El 50% de las familias que llegan a vivir a campamentos declaran, fundamentalmente, razones de índole económica o laboral para dar dicho paso, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o subió el precio de su arriendo. 

Precisamente desde Techo-Chile surge una propuesta para conseguir el denominado “Déficit Cero”: en un lapso de cinco a seis años, se podría brindar una solución definitiva a los problemas de vivienda que se presentan en nuestro país. El detalle está en que habría que multiplicar por cinco los 1.200 millones de dólares que Chile invierte cada año en viviendas para quienes no cuentan con recursos. Por desgracia, uno de los grandes inconvenientes pasa por el precio de los suelos disponibles, que en 15 años dobló su valor. 

El todavía vigente texto constitucional chileno reconoce a la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad” y establece el deber del Estado de darle protección y propender a su fortalecimiento. La posibilidad de saldar esta “histórica” deuda está en manos de nuestra clase política.