Dosis fueron sustraídas desde el Cesfam Miguel Ángel Arenas. Diversos funcionarios que precisamente trabajan en el citado recinto, ubicado en la población Los Aromos, se han trasladado hasta las oficinas de la PDI curicana, a fin de prestar declaración, proceso que en algunos casos se ha extendido hasta por más de tres horas.
CURICÓ. Si bien a la fecha “ninguna de las hipótesis que se baraja” ha sido descartada, la respectiva investigación relacionada al robo de 40 dosis (una caja) de la vacuna contra el Covid-19 desde el Cesfam Miguel Ángel Arenas, hecho que quedó al descubierto la tarde del lunes 8 de febrero, sigue sin arrojar “mayores novedades”.
Cabe recordar que, por instrucciones del Ministerio Público, en este caso representado por la fiscal Carmen Gloria Manríquez, las principales diligencias del caso han estado en manos de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Tras el hecho, que concitó el interés a nivel nacional de los medios de comunicación, diversos funcionarios que precisamente trabajan en el citado recinto, ubicado en la población Los Aromos, se han trasladado hasta las oficinas de la PDI curicana, a fin de prestar declaración, proceso que en algunos casos se ha extendido hasta por más de tres horas. Hablamos de médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos y los propios guardias de seguridad de aquellas dependencias, los que han debido responder a cada una de las interrogantes planteadas, en este caso, por detectives de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI de Curicó.
Señalar que tal proceso fue encabezado por la enfermera encargada del vacunatorio del aludido Cesfam, además de las TENS que tenían acceso directo a dicho punto. En una primera instancia aquella labor principalmente se enfocó hacia los funcionarios que ejercen labores en la repartición e inoculación de las dosis.
ANTECEDENTES
La ausencia de las dosis quedó al descubierto cuando concluyó la jornada de vacunación del lunes 8 de febrero, momento donde se procedió a realizar el recuento de rigor, respetando los correspondientes protocolos. Fue en ese momento en que se percataron que, en uno de los dos refrigeradores que dispone el recinto, en una sala destinada como vacunatorio, faltaba una caja que contenía 40 dosis.
Tras ello, la encargada de la campaña de vacunación del citado Cesfam, la enfermera María Dolores Gajardo, fue quien realizó la respectiva denuncia. Una vez en el lugar, personal de la PDI llevó a cabo peritajes fotográficos, planimétricos y de huellas digitales.
A ello se sumó un levantamiento de las cámaras de seguridad del recinto. Las primeras diligencias de la PDI no detectaron cámaras en el box donde estaba el refrigerador que contenía las vacunas, y lo más seguro “es que no existan”, pues por razones de privacidad al paciente, no se “graban” tales espacios. Si bien, la teoría de que más bien se trató de un “problema administrativo” y no de un robo no ha podido “ser descartada del todo”, dicha postura (un “mal conteo” de las dosis) es la que por ahora sigue concitando “menos sustento”.
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