Vuelco total. El organismo fiscalizador reconoció que el municipio no otorgó los permisos a 25 personas fallecidas. Además, quedó descartada la acusación de conflicto de interés de una funcionaria con una de las sociedades.
MOLINA. Un vuelco total dio el caso de la supuesta entrega de patentes comerciales a personas fallecidas en Molina, a raíz de una rectificación de la Contraloría General de la República, donde reconoce una serie de equivocaciones al momento de publicar el polémico informe.
En estricto rigor, el organismo fiscalizador da cuenta de un importante error en la publicación que hizo el 21 de enero de 2020, cuando afirmaba que el municipio habría otorgado patentes a 25 personas fallecidas, además de advertir un eventual conflicto de interés por la presencia de una funcionaria en una sociedad que obtuvo una patente de alcoholes.
Sin embargo, tras analizar los datos, el propio ente contralor admite que la situación objetada concierne a solo cuatro casos y que éstos corresponden a renovación de patentes cuyo titular se encuentra muerto, lo cual no reviste una ilegalidad.
DESCARTADO CONFLICTO DE INTERÉS
De igual manera, se descarta un eventual conflicto de interés de una funcionaria municipal que, aseguraba en ese entonces la Contraloría, era miembro del directorio de una sociedad que se adjudicó una patente.
Tras revisión de las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el propio documento del ente fiscalizador rectifica que “se evidencia” que la persona en cuestión “dejó de pertenecer a la empresa Hotelera Ponarq SpA el 12 de diciembre de 2017 -en calidad de socia-, es decir, de forma previa al otorgamiento de la patente de alcoholes”, razón por la cual “corresponde levantar la observación de la especie”.
ERROR COMUNICACIONAL
Cuando se dio a conocer la información, Contraloría había publicado los datos erróneos en su cuenta de Twitter, además de un gráfico en donde se formulaban las equivocadas cifras que motivaron la presente rectificación.
Sin embargo, el organismo detalla en el informe que, pese a estas imprecisiones en redes sociales, las personas que accedían a su sitio web podían conocer las observaciones formuladas de manera correcta.
No obstante, no habrá sanciones a las personas involucradas, ya que a juicio del ente contralor, lo anterior “constituye un error de transcripción que no altera la información proporcionada en detalle”, por lo que “no se advierte la existencia de eventuales infracciones administrativas que ameriten iniciar un procedimiento disciplinario”.
REACCIONES
Cuando se dio a conocer la serie de cuestionamientos de Contraloría, la postura del municipio fue tajante negando las acusaciones y con la alcaldesa Priscilla Castillo exigiendo disculpas públicas. Es por ello que, tras enterarse de la rectificación del ente regulador, no hubo mayores sorpresas, puesto que existía la confianza de que las observaciones serían levantadas.
Así lo señaló Alejandro Rojas, director de Finanzas, quien declara que “estamos muy contentos y satisfechos de que Contraloría haya aceptado su error respecto a la publicación en sus redes sociales, donde dijo que esta municipalidad había otorgado patentes comerciales a 25 personas fallecidas”, añadiendo que “uno esperaría que, con la misma firmeza y entusiasmo que se publicó una información errónea, hagan pública esta rectificación”.
Sobre este aspecto, el profesional señala que “nos alegra que la Contraloría se haya preocupado de emitir un oficio dirigido a nuestra municipalidad con el afán de reconocer su error, a pesar de que ellos manifiestan que éste solo fue en el título y no en el cuerpo de la noticia. De todas maneras, provocó una lamentable desinformación que generó cierta desconfianza de la comunidad hacia nosotros; así que estamos satisfechos de que se haya investigado como corresponde la situación”.
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