Expertos coinciden en que urge una Ley de Salud Mental en Chile

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Académicos de la UCM analizan esta problemática. A nivel de la OCDE, nuestro país presenta las tasas más altas de suicidio adolescente y, a nivel nacional, según cifras oficiales, las personas mayores de 80 años son el segmento que más decide quitarse la vida. 

TALCA. Si de salud mental se trata, Chile exhibe cifras poco alentadoras. Según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, -últimas cifras sobre esta problemática-, más de 220 mil personas mayores de 18 años planificaron su suicidio y más de 100 mil intentaron quitarse la vida. 

Los datos alarmantes suman y siguen: el 20,3% de quienes decidieron suicidarse tenían entre 20 y 29 años; y el grupo etario en el que más creció la cantidad de casos de suicidio fue en los mayores de 80 años, con un incremento del 133%, seguido de quienes tiene entre 60 y 69 años, en el que aumentó en un 76%. 

Desde la mirada internacional, entre los países de la OCDE, Chile ocupa el segundo lugar en número de suicidios al año, después de Corea del Sur. Y en la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país tiene la cuarta tasa más alta después de Guyana, Surinam y Uruguay. 

¿Qué es lo que ha generado esta problemática? ¿Cómo se explica que las cifras siguen en aumento? Para los expertos, es una situación multifactorial y la situación de aislamiento por la pandemia, también es un factor de riesgo.

Pablo Méndez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM) y el primer investigador en caracterizar las conductas suicidas en adolescentes de la región, “en la última década hemos tenido un deterioro en salud mental en nuestra sociedad, ha aumentado la tasa de prevalencia de trastornos del ánimo como la depresión, por lo tanto, la salud mental es un tema pendiente, aunque se han hecho esfuerzos desde la prevención”.

ASPECTOS

Para Ingrid Fergusson, también académica de la Escuela de Psicología UCM y quien se ha especializado en el ámbito de las personas mayores, los aspectos económicos también han influido. Según el informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones emitido en 2015, el 80% de los jubilados recibe una pensión menor al salario mínimo. 

“El aspecto económico puede ser uno de los elementos que atenta contra la calidad de vida general y, por supuesto, contra la salud mental” y, debido a que muchas personas mayores requieren apoyo económico de un tercero, esto “puede generar la percepción en la persona de que, por su situación, está complicando la relación familiar o sentir que está excluido de alguna manera”, puntualizó Fergusson.  

A esos factores sociales, se suman los mitos en torno al suicidio, como que hablar al respecto o preguntar sobre el tema lo promueve e incita. El académico Pablo Méndez lo desmiente tajantemente. 

“Si tuviésemos mayor información evitaremos el estigma y normalizaríamos la salud mental. Así como hablamos de que nos duele la cabeza o nos duele el estómago, es importante expresar, de manera espontánea y sin tapujos, que estamos tristes”. De hecho, Méndez, en alianza con la Clínica Mayo de Estado Unido y el Rotary Club de Linares, produjo el video “Preguntar no hace daño”, que puede encontrarse en Youtube y que, en la voz de un grupo de adolescentes explica detalladamente cómo los padres y familiares puede abordar este tema con los jóvenes. 

LEY DE SALUD MENTAL

Los expertos postulan que una Ley de Salud Mental es una necesidad en el país. ¿Por qué? Para Méndez, la normativa podría mejorar la gestión si “asegura una mayor inversión”. Además, podría ser “un paso importante en cuanto a la cobertura, pues podría implicar un incremento de algunos profesionales que son necesarios. Actualmente hay una cobertura deficiente de psiquiatras y las interconsultas tiene un rango muy elevado de tiempo”.

La necesidad de un acceso expedito a la atención en salud y cambiar el foco en su abordaje, también son aspectos que destaca el investigador. “El Plan de Salud Mental 2017-2025 del Ministerio de Salud, tiene un análisis sobre cómo ha funcionado el sistema y actualmente está enfocado en lo cuantitativo, es decir, en el número de atenciones y no en el proceso ni a los resultados de las intervenciones. Eso es un elemento bastante disonante y que pone en riesgo el proceso de calidad en apoyo a la salud mental de los pacientes”. 

Con una ley, aseguran los académicos, los consultorios municipales deben tener un rol protagónico. Ingrid Fergusson, considera que la Atención Primaria en Salud (APS) es “clave tanto en salud física como en salud mental porque tiene un enfoque territorial, es decir, los equipos tienen una relación mucho más cercana con la población y eso permite anticiparse a aumentar los factores protectores y evitar que las personas desarrollen síntomas o algún tipo de trastorno”.

Lo anterior porque, como dice la sabiduría popular, “prevenir es mejor que curar”, pues la intervención clínica cuando los pacientes ya presentan un trastorno “implica mayores costos y eso encarece mucho más el sistema, porque requiere especialistas que intervengan a un nivel más complejo. Entonces se necesita reforzar lo que tiene que ver con el nivel primario y potenciar la idea de agentes comunitarios que trabajen en pro de la promoción de la salud mental”, puntualizó Fergusson.