Libertad condicional bajo la lupa

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Un fuerte cuestionamiento público ha recibido la figura del beneficio penitenciario de la libertad condicional, esto tras el caso de la adolescente Ámbar Cornejo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el domicilio de la pareja de su madre, en la comuna de Villa Alemana. A pesar que Gendarmería emitió un desfavorable informe sobre la persona de Hugo Bustamante (quien fue detenido como el principal sospechoso de tal crimen), al no tratarse de un antecedente que sea “vinculante” -a la hora de tomar una decisión-, tal dato, en definitiva, no pesó, con las consecuencias ya conocidas por todos. 
En tal contexto, un grupo de diputados decidió presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso, quien hace cuatro años presidió la comisión -integrada por otros cuatro jueces penales- que dejó salir de la cárcel al -hasta ahora- único acusado del crimen de la menor.
Independiente al debate en lo puntual de este caso, lo que la comunidad en general ha puesto en entredicho ha sido tanto el proceso como el criterio con el cual se ha procedido a dar curso a tal beneficio, sobre todo en casos donde el imputado ya cargaba condenas por delitos de similares características, es decir, volvieron a incurrir en actos de suma gravedad, dejando esa sensación de que, con un mayor rigor, perfectamente se podrían haber evitado. Hablamos de lo más preciado que existe: la vida de un ser humano. 
No son pocos los ejemplos en donde se reitera dicho patrón, esto a pesar de las modificaciones que -en su momento- se realizaron en la correspondiente ley. 
Según información dada a conocer por la fundación Amparo y Justicia, solo durante este año hay cinco peligrosos criminales que están solicitando regresar a las calles (vía la libertad condicional) antes de que culminen sus condenas, entre ellos Cristián Vilos Valenzuela, el denominado “Chacal de Hualañé”, quien fue condenado a presidio perpetuo por violar y dar muerte a una menor de cuatro años.   
La conocida por todos sobrepoblación que detenta la mayoría de los recintos penitenciarios de nuestro país, no puede presentarse como una “excusa” de cara a “descomprimir” tales espacios a través del ejercicio de aquel beneficio. 
¿Debe existir tal tipo de “beneficios” para personas que cumplen condenas relacionadas a delitos como un homicidio o la violación de menores? ¿Tienen derecho a ser parte de tal proceso? ¿Se hace todo lo posible para que la justicia tenga los antecedentes necesarios que le permita a sus miembros tomar las mejores decisiones? 
El debate ya está abierto, con una libertad condicional bajo la lupa.