Cuenta Pública 2020

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A lo largo de casi 200 años, los discursos presidenciales ante el Congreso en pleno, se han visto marcados por diversos eventos históricos y sociales.
El 2018 se decidió que el mensaje presidencial -conocido también como Cuenta Pública- se celebrara el 1 de junio y no el 21 de mayo, poniendo fin a 92 años de tradición; pero se pensó que el cambio era necesario ya que la coincidencia entre el 21 de mayo con la celebración del día de las Glorias Navales, generaba dificultades de tránsito en Valparaíso, sede del Poder Legislativo.
La nueva fecha no es una coincidencia pues, según la Constitución de 1833, el 1 de junio era el momento en que el Congreso abría sus puertas a sesiones ordinarias y además, el Presidente daba cuenta del estado de la nación.
Pero ahora el Estado de Excepción establecido por la pandemia del Coronavirus obligó a que la Cuenta Pública se realizara, por esta vez, el día 31 de julio.
Dos temas marcaron, en lo medular, el mensaje del Presidente Sebastián Piñera, quien hizo un llamado a todos los sectores políticos a lograr “un buen acuerdo previsional”.
“Sabemos que nuestro sistema de pensiones requiere una reforma integral y estamos impulsándola. Ya aprobamos la reforma al Pilar Solidario, que aumentó en hasta 50% las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios a más de 1.6 millones de los adultos mayores más vulnerables y necesitados de nuestro país; pero aún nos queda camino por recorrer”, dijo el mandatario en su discurso ante el Congreso.
El otro tema principal se refiere al compromiso del Gobierno para combatir “la violencia y el terrorismo” que afectan a la Región de La Araucanía y al respecto, Piñera señaló que desde septiembre del 2018 se trabaja –con el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en esa zona del país– en un plan basado en tres pasos que busca un “compromiso con la paz”.
Dijo que el primer paso se basa en “un impulso al desarrollo económico y social, que contempla una inversión de 16 mil millones de dólares, tanto pública como privada, en el período 2018-2026.
Finalmente, reafirmó su “compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con el combate -con todos los instrumentos que la Ley nos otorga- contra la violencia y el terrorismo, que tanto daño ha causado, no solo a sus víctimas directas sino a toda la región”.