Interrogantes por dilucidar

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Una serie de interrogantes son las que deberá responder y dilucidar la investigación en curso, a manos del Ministerio Público, tras la denuncia de supuestos “episodios de maltrato animal” que habrían acaecido al interior del Canil Municipal de Curicó. En redes sociales se “viralizaron” imágenes que alertaron respecto a las condiciones que presenta el citado recinto, cuestionando la verdadera “utilidad” del servicio que allí se presta. 
En tal contexto, el propio fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, se apersonó en el canil, acompañado por profesionales de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras dicha visita de carácter inspectiva, Gajardo narró “severas falencias” en el cumplimiento de una serie de “protocolos”, recalcando de paso la presencia de un claro “desorden administrativo”.
Por lo mismo, desde el municipio la respuesta a tal escenario no se hizo esperar. Se dio curso a un sumario administrativo, producto del cual, mientras permanezca en curso, tendrá al jefe del Departamento Agropecuario del municipio, Patricio Bordachar, “suspendido” de sus habituales funciones. Junto con ello, se designó a un delegado alcaldicio para que lleve a cabo “una auditoría externa”, función que recayó en el médico veterinario, José Ignacio Soto. A esto se suma la medida tomada el jueves pasado, por el concejo municipal, de aprobar la adjudicación del proyecto que, precisamente, permitirá dar curso a las obras ligadas a una clínica veterinaria y nuevos caniles municipales, escenario que debería garantizar, a mediano plazo, las condiciones necesarias para el funcionamiento de un servicio de tal naturaleza. Sobre tal punto, si bien ya existe el compromiso de ejecutar dicha iniciativa, el propio fiscal Miguel Gajardo señaló la necesidad de establecer una “posición intermedia”, ya que en el intertanto los respectivos perros no deberían seguir expuestos a las “inadecuadas condiciones” que fueron advertidas. 
Por su parte, desde organizaciones animalistas han recalcado que las críticas al trabajo que en tal recinto se ejercía datan “de varios años atrás”, sumando otra interrogante: dudas respecto del destino de cerca de 40 perros. 
Está en manos de la aludida investigación y del correspondiente sumario administrativo, establecer la existencia o no de delitos e irregularidades, con las consiguientes sanciones que corresponda, ya sea a nivel administrativo (municipio) o judicial, respectivamente.