Una cuestión de mínimo respeto

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¿Cuántas serán las personas que respetan las indicaciones de ceder los primeros asientos en la locomoción urbana, a personas inválidas o a ancianos que presentan evidentes problemas de motricidad? Son muy pocas realmente y ello se puede comprobar en el día a día en nuestras propias ciudades.

Otro reflejo de esta absurda falta de conciencia y de empatía, se advierte en la olímpica falta de respeto y consideración en las playas de estacionamiento, donde gente “normal” ocupa los sitios destinados a personas con algún grado de invalidez. 

Ayer lunes se cumplió una década de la entrada en vigencia de la Ley N°20.422, que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial del 10 de febrero de 2010.

Este cuerpo legal se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad y diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social; además, establece nuevos organismos para abordar los desafíos que genera la plena inclusión social de las personas con discapacidad: Comité de Ministros, Servicio Nacional de la Discapacidad y Consejo Consultivo.

Estamos seguros que de no ser necesario, no se habrían creado los estacionamientos para personas con discapacidad, pero como muchas normas, esta no se cumple.

Esto se ve a diario en diversos puntos de la ciudad, especialmente en lugares que se han dispuesto en supermercados o grandes tiendas.

Las autoridades, reconociendo las limitaciones de las personas con discapacidad, han establecido estacionamientos especiales para ellos, con la finalidad de un mejor desplazamiento.

Incluso se sabe de personas que han falsificado estos certificados que se les da a las personas con discapacidad, con el propósito de ocupar estos estacionamientos.

Para lograr la plena aplicación de sus normas, es fundamental que las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas, aquellas que trabajan a favor de sus derechos y la sociedad, en general, conozcan los derechos y obligaciones que ella establece.