Democracia Cristiana se querelló contra mujer que lanzó excremento a concejal

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El concejal Juan Carlos Figueroa (DC), fue víctima de un ataque con excremento por parte de una funcionaria municipal. (Foto de TV Maulinos).

María Argentina Silva. Junto con reconocer el hecho, afirmó que no teme acciones judiciales en su contra. “No es delito, porque no le hice un rasguñón ni le pegué”.

TALCA. Acciones legales contra la mujer que atacó con excremento a un concejal de la colectividad, decidió emprender la Democracia Cristiana de esta ciudad.

“Los hechos suscitados, lejos de intimidar al concejal de nuestro partido para evitar que realice sus labores fiscalizadoras, fortalecen su voluntad de vigilar el correcto uso de recursos y atribuciones de la Municipalidad de Talca, y muy especialmente para poner fin a la contratación con recursos municipales de activistas que realizan labores al margen de la ley y faltando el respeto de autoridades elegidas por la ciudadanía. Ejerceremos el ejercicio de acciones legales para detener estas malas prácticas”, señaló el PDC mediante una declaración pública.

El escrito ante tribunales fue oficializado ayer en la tarde.

LOS HECHOS

El caso tiene como protagonista al edil por Talca, Juan Carlos Figueroa, quien el martes pasado fue víctima de una insólita agresión por parte de una funcionaria municipal al término de una sesión del concejo, quien le lanzó una bolsa con fecas.

“Me descuido y me manda la bolsa plástica con excremento, en el cuerpo y en la cara. Yo creo que fue premeditado. Yo no podía entender lo que pasaba, pensé que era barro, pero cuando tomé el olor… Ella se arrancó, andaba con una nieta, porque para que no le hagan nada, anda con la niña”, declaró Figueroa en una entrevista con TVN. 

Pero fue más allá y acusó a la mujer de ser del círculo de confianza del alcalde, Juan Carlos Díaz, dedicada a hacerle campaña y conseguir votos.

La aludida, María Argentina Silva, junto con reconocer el hecho, afirmó que no teme acciones judiciales en su contra. “No es delito, porque no le hice un rasguñón ni le pegué”. De todas maneras, fue desvinculada del municipio (tenía contrato a honorarios).

El origen del conflicto es por el uso de una sede social, situación denunciada por Figueroa al sostener que “la Argentina” mantiene las llaves del recinto y no permite a los vecinos que la usen.