Por Pablo Martínez Méndez
COLBÚN. El martes se realizó una sesión de concejo extraordinaria, la decimoquinta, por parte de la Municipalidad de Colbún, con el objetivo de analizar e informar la situación contractual de la entidad edilicia, debido a la orden emanada por el Segundo Juzgado de Letras de Linares por el no pago de facturas emitidas por la Constructora Pereira e Hijos, documentos que fueron factorizados para su cobro. Tras lo anterior, se dictaminó la detención de Pedro Pablo Muñoz, alcalde de la comuna de Colbún.
A las 15:14 horas comenzó el concejo extraordinario, donde Muñoz señaló como primer único punto de la tabla el informe de pago judicial causa rol C-1801-2024 entre Inferfactor SA y la Municipalidad de Colbún por el no pago de cinco facturas ideológicamente falsas, lo que derivó en su detención.
El concejal Ángel Carter expresó su molestia debido a que no hubo aprobación por parte del Concejo Municipal para el pago de 114 millones de pesos por la liberación del alcalde colbunense, indicando además que “la ley señala en el artículo 65, que en más de 500 UTM se tiene que pasar por concejo. Entonces me gustaría también que se aclarara eso”, manifestó.
Tras la interpelación, el alcalde colbunense se defendió explicando que en el presupuesto municipal 2026 ya se había considerado una partida de cerca de $150 millones para este tipo de situaciones, específicamente para demandas o pagos judiciales que puedan afectar a la municipalidad.
La abogada del municipio, Francisca Ilabaca, a modo de contexto, explicó que “la Constructora Pereira, durante el año 2024 emitió diferentes facturas ideológicamente falsas a nombre de la Municipalidad de Colbún, con un propósito doloso de defraudar al municipio. Tras lo anterior, el 19 de marzo de 2025 se presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Linares contra la constructora, su representante legal y todos los que resulten responsables, que eso incluye a las empresas de factoring. Una es Interfactor que es la causa del motivo de esta reunión” puntualizó.
Además, la jurista aclaró que “debido al alcance mediático de la situación en la provincia, la causa la asumió la Fiscalía de San Javier y hoy día se encuentra acumulada en el Juzgado de Garantía de San Javier. Eso es lo que se refiere a la parte penal y las medidas que tomó el municipio en ese aspecto”.
