Si bien “representa un paso relevante en el esfuerzo por enfrentar la escasez hídrica que vive el país”, a juicio de Benjamín Moreno, el texto aún presenta aspectos que, de no corregirse, “podrían generar incertidumbre para grandes inversiones y afectar la estabilidad futura del suministro de agua”.
CURICÓ. El diputado Benjamín Moreno Bascur (distrito 17, Partido Republicano) expresó sus observaciones, respecto al proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para desalinización. Recalcó que dicha iniciativa, que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional, “representa un paso relevante en el esfuerzo por enfrentar la escasez hídrica que vive el país”. “Sin embargo, el texto aún presenta aspectos que, de no corregirse, podrían generar incertidumbre para grandes inversiones y afectar la estabilidad futura del suministro de agua”, aseveró.
Junto con crear una Estrategia Nacional de la Desalinización, tal iniciativa establece un régimen de concesiones de hasta 30 años renovables por una sola vez, define servidumbres asociadas a la infraestructura y fija nuevas reglas de fiscalización y sanciones. “Se trata de un avance hacia una institucionalidad moderna, pero que requiere ajustes para no obstaculizar el desarrollo de procesos estratégicos” dijo el parlamentario.
DURACIÓN DE
LAS CONCESIONES
A juicio de Moreno, uno de los puntos que más preocupa es la duración de las concesiones. “Un plazo de 30 años resulta insuficiente para proyectos de gran escala, especialmente en sectores como la minería, donde la vida útil de las operaciones suele ampliarse por seis u ocho décadas. Este límite puede afectar la continuidad del suministro de agua desalinizada y desincentivar las inversiones de largo plazo”, manifestó. “También es un tema la caducidad automática de la concesión si las obras no se inician dentro de dos años. Este plazo no es compatible con proyectos multipropósitos que requieren extensos procesos de ingeniería, permisos sectoriales, cierres financieros y podría dejar afuera iniciativas clave para el abastecimiento humano y productivo”, agregó.
Asimismo, dijo, existe falta de claridad respecto de cuál será la autoridad permanente encargada de otorgar y fiscalizar las concesiones, responsabilidad que hoy recae de manera transitoria en el Ministerio de Defensa. “A esto se suma la exigencia de un plan de cierre adicional al ya contemplado en la legislación ambiental, lo que significa que se duplican trámites y duplican costos de manera innecesaria”, expresó.
MODIFICACIONES
Independiente a los reparos anteriormente descritos, el diputado Moreno indicó que votó a favor en general de dicha iniciativa, ya que “Chile necesita avanzar en nuevas fuentes de agua”. “Sin embargo voy a insistir en modificaciones que permitan contar con una ley moderna, flexible y que se ajuste a la realidad, que entregue certeza jurídica y que facilite el desarrollo de esta infraestructura hídrica, que es crítica para enfrentar la creciente escasez de agua que se vive en ciertas regiones de nuestro país”, cerró.