Por un lado, pacientes recurren a tribunales para cambiar de prestador y, por otro, hay denuncias de presunto “negociado” en el sector.
POR JUAN SEBASTIÁN COFRÉ FLORES
FOTOS: MANUEL ESPINOZA ÁVILA
CURICÓ. En la Corte de Apelaciones de Talca fue presentado, el 4 de abril pasado, un recurso de protección en favor de nueve pacientes, que se dializan en Curicó y que se quieren cambiar de prestador. Sin embargo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se los impide por lo que recurrieron a los tribunales en contra de ese organismo.
En el escrito, al cual tuvo acceso diario La Prensa, se esgrime que las patologías que padecen los recurrentes están cubiertas por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), conforme a la Ley N° 19.966.
“Todos los pacientes se encuentran en tratamiento de diálisis, y han solicitado expresamente a Fonasa, el cambio de prestador, en ejercicio de su derecho a la libre elección, por razones clínicas, personales, de cercanía y dignidad en la atención”.
Se agrega que el nuevo prestador a los cuales desean acceder (Clínica Promedicals) “se encuentra debidamente acreditado por la Superintendencia de Salud y además, están inscritos en la licitación pública de Fonasa, como centros habilitados para otorgar prestaciones GES”.
Sin embargo, el Fondo Nacional de Salud ha denegado las solicitudes, “sin entregar fundamento alguno de carácter clínico, legal ni administrativo, ni ha emitido pronunciamiento formal o fundado conforme a la actual legislación”, dice el documento.
En el recurso de protección se afirma que esa “negativa afecta gravemente la salud, integridad psíquica y dignidad de los recurrentes, impidiéndoles ejercer un derecho básico como lo es el acceso libre e informado a servicios de salud, especialmente en una condición crónica y vital”.
Los pacientes denunciaron que se quieren cambiar de prestador, porque donde se atienden habría poca empatía de los funcionarios, no hay nefrólogos y la infraestructura no sería la adecuada (sillones donde se hacen los procedimientos están en mal estado).
Consultada por diario la Prensa, la abogada de esas personas, Verónica Rojas, señaló que la causa avanza. “A esta fecha ya Fonasa informó y estamos en espera que la Corte fije día para oír los alegatos de las partes, Por ahora nada más que informar”, acotó.
La concejala por Curicó, Constanza Pinto, se dializa y contó a diario La Prensa que el tema ha sido analizado en la Agrupación de Dializados de la comuna, donde varios pacientes hicieron llegar sus inquietudes.
“La verdad es que no hemos tenido una respuesta clara de por qué no nos podemos cambiar de diálisis, si tenemos una enfermedad crónica, donde siempre vamos a tener que estar recurriendo a estos centros tres veces por semana”, dijo.
La autoridad comunal es partidaria de la libre elección de los pacientes. “Tienen todo el derecho de buscar atención médica en otro lugar, donde se sientan cómodos”, manifestó.
¿CONFLICTO DE INTERÉS?
En un reportaje del programa Informe Especial de TVN, se planteó que altos funcionarios del Hospital de Curicó estarían derivando pacientes a clínicas de diálisis privadas, donde ellos mismos son socios, representantes legales o beneficiarios, lo cual vulneraría la ley de probidad administrativa.
Se nombró al ginecólogo del recinto asistencial Óscar Alarcón, quien es el representante legal de Hemodiálisis Curicó, mientras que su esposa, la doctora Jimena Gutiérrez, es socia de la clínica y forma parte del Comité de Diálisis del hospital.
También salió a la palestra el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Curicó, Iván Flores, quien es vinculado como socio indirecto del Centro Curicó Limitada.
Por último, se nombró al director del hospital curicano, Jorge Canteros, vinculado con la Inmobiliaria Médica Curicó, asociada a Hemodiálisis Curicó, quien negó tajantemente esa situación.
“Dejé de participar de esa empresa el año 2005, está el contrato en donde yo vendo mis derechos, está el documento notarial y del Conservador de Bienes Raíces. Tengo mi declaración de patrimonio que muestra que no tengo participación en esa ni en ninguna otra empresa vinculada al rubro”, precisó.
Por tal motivo, anunció acciones legales y espera una retractación del medio de comunicación porque, a su juicio, “ha habido una intencionalidad de generar un entorno de duda en relación a la honorabilidad y a la claridad de los procesos, que tienen que ver en cómo se gestionan la diálisis en la provincia de Curicó”.
Jorge Canteros también sostuvo que los médicos nombrados en el reportaje no tienen injerencia en la derivación de pacientes a las distintas clínicas de la ciudad, cuyo tema lo ve el Fondo Nacional de Salud a través de una licitación, donde los prestadores postulan y se hace un ranking, donde el principal indicador es la georreferencia.
“Esa distribución de cupos lo hace un algoritmo de reglas claras para todos, ningún funcionario del hospital, ni nuestro nefrólogo, ni los equipos administrativos de GES, ni siquiera los funcionarios de Fonasa, participan en ese proceso”, manifestó.
El director del Hospital de Curicó destacó que el recinto no tiene tampoco ningún vínculo con el funcionamiento de las clínicas de diálisis. “Nosotros no supervisamos a los centros privados, eso lo hace la Seremi (de Salud) y Fonasa. No nos corresponde”, apuntó.
IRREGULARIDADES
En Curicó hay casi 350 pacientes que se dializan y que están concentrados en tres clínicas: 132 se atienden en el Centro Curicó Limitada, 138 en el Centro Independencia y 76 en Hemodiálisis Curicó.
Una realidad diametralmente opuesta tiene la nueva Clínica Promedicals, la cual comenzó a operar a principio de año y que tiene solo dos pacientes.
En contacto con diario La Prensa, su gerente general, Gavino Andrades, señaló que estaríamos ante un presunto conflicto de interés, básicamente, de dos clínicas curicanas que tienen la mayor cantidad de pacientes, por lo cual recurrió a Contraloría.
“Junto a eso, a fines de mayo, presentamos una querella por fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y una serie de cosas que el grupo jurídico estimó conveniente en contra de quienes resulten responsables”, aseveró.
Sobre el recurso de protección presentado por pacientes que se quieren cambiar de prestador, afirmó que, si bien nueve son los nombrados en la acción judicial, “son más de 90 que están firmados en una notaría”, quienes buscan un mejor servicio.
Andrades sostuvo que Fonasa no permitió el cambio de prestador, pero resaltó que “hay jurisprudencia, donde se han pronunciado las cortes en favor de los pacientes”.
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