En la Región del Maule se contabilizaron 401 casos.
TALCA. El Gobierno -a través del ministro del Interior Álvaro Elizalde- se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica; de ellos, 401 corresponden a la Región del Maule.
Junji e Integra son las reparticiones públicas cuyos funcionarios viajaron la mayor cantidad de veces fuera del país, pese a estar con licencias médicas. También aparecen las Municipalidades de Talca, San Javier y San Clemente.
Junto con condenar el hecho, el secretario de Estado dio cuenta de las medidas que se tomarán en La Moneda ante esa situación y que se traducen en sumarios y el envío de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
“El Gobierno desde hace un tiempo viene impulsando un número importante de medidas, para evitar el abuso en materia de licencias médicas. Es necesario precisar que cuando se presenta una licencia médica falsa, finalmente o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema, que tienen que financiarla, o el Estado tiene que poner recursos adicionales también para financiarlas”, señaló el secretario de Estado.
Ante la gravedad de los hechos dados a conocer por la Contraloría General de la República, el Gobierno elevó una solicitud a todos los ministerios y servicios, para identificar a quienes incurrieron en esta grave falta, además de instruir para que inicien los sumarios internos, además de entregar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para analizar acciones civiles y penales.
REACCIONES
Al respecto, el diputado Felipe Donoso dijo que “es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas”.
“Esta es plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos”, dijo.
En tanto, para el diputado republicano Benjamín Moreno, los funcionarios públicos que incurrieron en estos graves hechos, deben ser destituidos de los servicios públicos en los que se desempeñan. “Es absolutamente impresentable lo que detectó la Contraloría. Yo espero que el Gobierno se ponga los pantalones y eche de las reparticiones públicas en las que están estos personajes que abusaron de esta manera de la fe pública”, señaló.
A su vez, el diputado Jaime Naranjo manifestó que “en relación a la denuncia que hemos conocido de parte de la Contraloría en relación a las licencias médicas., deja de manifiesto el buen trabajo fiscalizador que hace esta institución, pero a la vez deja al descubierto la debilidad de la fiscalización qué tiene Fonasa en relación a sus cotizantes qué toman licencias médicas. Es una cifra no menor. Más de 25 mil funcionarios públicos, que no cumplen las recomendaciones pertinentes, exige la mayor sanción administrativa y la devolución del dinero. Debe ser una sanción ejemplar para dejar en claro, el riesgo que puede correr quienes lo pretendan hacer a futuro. Confiamos en que se tomarán todas las medidas tanto en el plano judicial, económico y administrativo”.
GREMIOS DE
LA SALUD
Ante la reciente controversia generada por la Contraloría General de la República, respecto del uso de licencias médicas en el sector público, la Confederación Fenats Unitaria emitió una declaración pública reafirmando su compromiso con la probidad y la defensa del trabajo digno de los funcionarios y funcionarias de la salud.
La organización fue enfática en señalar que no respalda ni justificará el uso de licencias médicas falsas o fraudulentas, considerando que dichas prácticas deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley. Además, recordaron que esta postura ha sido sostenida permanentemente en instancias de negociación con el Estado.
No obstante, Fenats expresó su preocupación por el modo en que se está instalando el debate en la opinión pública, advirtiendo que la generalización de acusaciones daña injustamente la imagen de miles de trabajadores de la salud que cumplen sus labores con esfuerzo, muchas veces en condiciones precarias.
La confederación destacó que menos del 3% de las licencias médicas en el sector público presentan irregularidades, según informes existentes, por lo que llaman a no estigmatizar a todo un sector. También subrayaron la falta de reconocimiento institucional tras la sobreexigencia vivida durante la pandemia, especialmente en materia de salud mental.
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