Actualmente, hay una orden de desalojo vigente, la que no se concretará antes de seis meses, periodo durante el que se buscará una solución lo más integral posible.
POR JUAN SEBASTIÁN COFRÉ FLORES
CURICÓ. Por casi dos horas se extendió el encuentro realizado en dependencias de la Corporación Cultural de Curicó, donde participaron autoridades políticas regionales y comunales, además de representantes locales de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El alcalde de la ciudad, George Bordachar, recordó que hay una decisión judicial que ordenó el desalojo de las familias, principalmente extranjeras (haitianos y ahora se sumaron bolivianos), las que viven en un terreno municipal en la orilla del río Guaiquillo, en el sector surponiente de la comuna.
“Estamos con un problema no menor, por eso todos los actores que fueron invitados como la seremi de la Mujer, seremi de Desarrollo Social, de Vivienda, Serviu, todo esto es lo que se requiere para poder buscar una solución definitiva”, dijo.
El jefe comunal precisó que, por la complejidad del asunto, se seguirán reuniendo en más mesas de trabajo. “Esto no se puede expandir más, sigue creciendo. El último catastro hace un año atrás era de 437 personas, pero hoy día con la movilidad y toda la gente que llega a las cosechas, algunos hablan de más de mil personas”, contó.
George Bordachar puntualizó que recopilarán información para ver cómo enfrentar cada caso de las familias que viven en la toma. “Para saber quiénes son los que realmente requieren ayuda, porque aquí hay personas que también están lucrando desde adentro arrendando casas para que los bolivianos vengan a trabajar en el campo”, sostuvo.
PLAZOS
En tanto, el delegado presidencial provincial de Curicó, José Patricio Correa, manifestó que debe analizarse muy bien esta problemática, porque son muchas las variables a tomar en cuenta.
“Fuimos muy claros con Serviu y no nos vamos a saltar la fila. No vamos a otorgar beneficios a quien no tenga los requisitos, como cualquier ciudadano que habita en el territorio nacional, aclaró.
El representante del Gobierno puso como ejemplo que hay que ver “la situación regular migratoria, si califican y sino, buscar otras alternativas de desalojo de ese espacio. Propusimos comisiones para ver la realidad del proceso y el Municipio hará ese levantamiento”, apuntó.
Consultado por los plazos que se manejan, José Patricio Correa reconoció que “va para largo”. “Son cosas muy extensas y para realizar un proceso tan grande son a lo menos seis o siete meses, lo importante y central es que ya partió”, aseveró.
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