Diputado Alexis Sepúlveda afirmó que “podría haber un delito de prevaricación, que se suma a otras actuaciones indebidas en asignación de contratos directos”.
Su par, Felipe Donoso dijo que antecedentes son graves y deben ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Aludido no quiso referirse a las acusaciones
TALCA. Preocupadas están las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Santiago, producto del enrarecido ambiente que se vive al interior del edificio en el Maule debido a una serie de cuestionamientos que mantienen al director regional de Vialidad, Roberto Bustos y a un grupo de funcionarios de su confianza envueltos en una investigación administrativa y judicial.
Y las alertas se encendieron aún más el jueves, durante la visita del Presidente Gabriel Boric, ya que el delicado asunto se hizo público a través de la publicación en portada de diario La Prensa.
A los hechos conocidos respecto a que la autoridad no habría actuado con la diligencia y prontitud propios de su responsabilidad, en cuanto a adoptar medidas con trabajadores de su dependencia, se suman nuevos antecedentes entregados por el diputado oficialista Alexis Sepúlveda, quien sostuvo que en el edificio de 1 Oriente 1253 se vive un tenso clima laboral a raíz de personas y equipos traídos de otras regiones.
MÁXIMA GRAVEDAD
“Lo del director regional de Vialidad es tremendamente delicado, aquí podría haber un delito de prevaricación, porque él fue notificado por distintas instancias jurídicas del MOP, ya que se le estaba venciendo el plazo para poder cerrar un sumario, aplicar sanciones, que había tomado largo tiempo y él simplemente hizo caso omiso de esas recomendaciones y prefirió que pasara el plazo para liberar a estos funcionarios, que entiendo es uno de sus hombres de confianza”, reveló el parlamentario radical por el Distrito 17.
El representante por las provincias de Curicó y Talca confirmó que el caso está en conocimiento del director nacional de la entidad, Horacio Pfeiffer, quien le habría manifestado que la situación que afecta a Roberto Bustos en Talca y que motivó en octubre pasado el envío de la carpeta al Ministerio Público, no sería el primer proceder anómalo que incomoda al nivel central, desde que el aludido asumió el cargo en diciembre de 2023.
“Lo ocurrido se suma a otras actuaciones irresponsables y unilaterales que ha tenido el director regional de Vialidad en asignación de contratos de manera directa a empresas, con las que eventualmente tuvo vinculaciones laborales anteriores. Por lo tanto, aquí hay una serie de hechos que investigar y esclarecer, para que vuelva la normalidad al MOP y la gente pueda abocarse a sacar adelante importantes proyectos”, enfatizó Sepúlveda.
REPUDIO TRANSVERSAL
Desde la oposición también reaccionaron con preocupación a la crisis interna desatada en la región. El diputado (UDI) Felipe Donoso, adhirió a que se trata de una situación grave en que la fiscalía debe tomar acciones e incluso los antecedentes ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte, con el fin de que se indague y persiga en profundidad.
“No puede ser que de manera antojadiza se declare la prescripción de causas cuando eso tiene que cumplir ciertas reglas, porque en definitiva es beneficiar o tratar de zafar de una sanción a funcionarios que debieron ser sancionados o quizás incluso haber salido de la repartición. Por lo tanto, no puede la autoridad tratar de torcer el derecho para favorecer a personas y eso es materia que se tiene que investigar”, argumentó el exgobernador.
En el mismo sentido, su colega de Evópoli, Jorge Guzmán, también se mostró sorprendido por el complejo caso. “Al interior de la Dirección de Vialidad en el Maule hace rato que las cosas no están bien. A la falta de servicio y atención oportuna que afecta a las comunas de la Región del Maule, se suman hechos de gravedad administrativa que deben ser investigados y clarificados. Confiamos en la acción de Contraloría y el Ministerio Público para aclarar y sancionar lo que está aconteciendo”.
Asimismo, el diputado republicano, Benjamín Moreno, recordó que “los funcionarios, independiente del cargo o rango que tengan, deben hacerse responsables de sus actos y hacer valer la ley. En el caso de aquellas personas que se han demorado en su cumplimiento o la han dejado estar, simplemente por algunos beneficios o cálculos políticos, deben responder según lo establecido, ya sea administrativamente o ante la fiscalía.
En tanto, Roberto Bustos declinó referirse a las acusaciones que pesan en su contra.
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