Son varias las demandas. Esto significa que los servicios del área y salud primaria, no atenderán público hoy día.
CURICÓ. Con el objetivo de defender la estabilidad laboral, las distintas agrupaciones del sector público se están plegando al paro convocado por la CUT para hoy jueves 28 de noviembre. Esto significa que los servicios del área y salud primaria no atenderán público hoy día.
Estos organismos están realizando una serie de peticiones, que se enmarcan dentro del incremento de un 7,5 por ciento del reajuste, rechazo al dictamen de la Contraloría de la República, entre otros.
“Entregaremos un petitorio al delegado presidencial de la provincia de Curicó, José Patricio Correa, en la que damos a conocer nuestras principales demandas hacia el Gobierno”, planteó Ignacio Alvarado, presidente provincial de la CUT.
AGENDA LABORAL
Dentro de las principales demandas que están haciendo los gremios, se encuentra la necesidad que el Gobierno cumpla con los compromisos de la Agenda Laboral. Estos se refieren a jornada de trabajo de 40 horas para los funcionarios públicos, Ley Permanente de Trabajo Híbrido en el Estado, reajuste real de remuneraciones, incremento salarial por sobre el IPC, que sea acorde con la realidad del alza del costo de la vida en el país.
“Es muy poco probable que se llegue a la cifra que estamos pidiendo. Esto por la situación económica que atraviesa el país”, planteó Fabián Verdugo, coordinador de la Mesa del Sector Público; quien reconoció que esta paralización podría extenderse durante la próxima semana.
CONFIANZA
A esto se agrega el rechazo al dictamen de la Contralora General de la República sobre la Confianza Legítima. Este deja en un estado de vulnerabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores del Estado, los cuales serán notificados este viernes 29 de noviembre sobre la renovación de sus contratas.
“Durante el período del excontralor Jorge Bermúdez, se había avanzado en la estabilidad de aquellos trabajadores que estaban por un período de dos años en sus empleos; los que no debían renovar su contrata Esto cambió en el actual período de Dorothy Pérez en el que ya no rige la legítima confianza”, indicó el dirigente del sector público, quien añadió que la nueva normativa define un mayor tiempo para que el funcionario no sea desvinculado de su trabajo.
Y además se establece que el funcionario que no esté de acuerdo con su despido, deberá costear un abogado con su propio dinero.
En tanto, Jorge Olivero, dirigente provincial de Andime, manifestó que este dictamen atenta gravemente contra la estabilidad laboral de los funcionarios públicos. Y por esa razón, es necesario movilizarse.
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