Transparencia. Tras meses de preguntas, entrevistas y búsquedas al interior del Gobierno Regional, dos consejeros hicieron la entrega de este informe, que mostró más de lo esperado.
TALCA. Han sido meses de incertidumbre y tensión en la capital maulina, luego que se declarara admisible la querella interpuesta por el diputado Jorge Guzmán debido al Caso Fundaciones, que apela a Cristina Bravo Castro, como una de las imputadas en el escrito que ha pasado por diferentes tribunales.
Es por esto, que se solicitó una Comisión Investigadora por parte del Consejo Regional, que ha traído más problemas que soluciones para la gobernadora, quien apuesta por la reelección el 27 de octubre; debido a que este escrito arroja que más de una fundación fue beneficiada por parte de la autoridad.
ASIGNACIONES DIRECTAS
Si nos vamos a la ley, todo fondo concursable debe pasar por manos del Consejo Regional, sin embargo, en estos casos que superan los mil millones de pesos en total de las cuatro explicitas en el informe, fue una asignación directa y no hubo pago en cuotas, sino el monto fue entregado en un solo pago. Junto a esto, el presidente de la Comisión Investigadora resaltó que varios de estos proyectos no fueron ejecutados.
“La asignación directa pasa tan solo por la voluntad de la gobernadora, no pasaba por la fiscalización de los consejeros regionales y así se entregaron más de dos mil millones de pesos, comprometidos en su totalidad del tiempo más de “4.500 millones, y los que comenzamos a fiscalizar con la Comisión Investigadora, que no tan solo no se ejecutaron varios proyectos, sino que también los recursos se entregaron en una cuota, siendo que los mismos proyectos establecían formas de pago distintas, y por otro lado, que se le entregaron a instituciones que ni siquiera contaban con patrimonio en caso de responder en caso de insolvencia”, expresó el consejero regional, Gabriel Rojas.
Estas fundaciones que señala, están descritas en el informe entregado ayer miércoles, las que, según lo escrito, una de ellas no tenía un patrimonio superior a los 500 mil pesos, mientras que otra, de las que recibió mayor aporte monetario, era avaluada en no más de un millón de pesos. Y los montos asignados eran 300 veces superior, es decir, sobre los 300 millones de pesos.
CONSULTA
Debido a lo ocurrido aún se espera el informe de la Policía de Investigaciones, sobre los peritajes realizados al teléfono y computador de la gobernadora. Sin embargo, ya se presentan diversas aristas que han sido una constante con el pasar de las semanas.
Esto se debe a que, al momento de consultarle la situación, la respuesta es la misma. Asimismo, fue el en su última aparición pública en la entrega de carros a Bomberos ayer, en donde fue consultada por diario La Prensa sobre la entrega de este informe, en donde ella señala que no hay nada nuevo, cosa que fue respondida por el consejero regional, Gabriel Rojas de manera negativa, ya que existen nuevos antecedentes.
“Nosotros estamos a disposición de todos aquellos de quienes solicitan la información, la comisión investigadora que son los consejeros regionales, eso está todo proporcionado a través de lo que hemos entregado por parte del Gobierno Regional y además el informe no es nada nuevo, que lo que arrojó la Contraloría, nosotros estamos dispuestos a colaborar y a ponernos a disposición de lo que sea necesario”, expresó la gobernadora regional.
UNIDAD DE CONTROL
Al momento de entregar resultados e información por parte de la Unidad de Control, que es la encargada de controlar los fondos que salen y entran al Gobierno Regional, empezó a “ser desmantelada” que, según lo especificado por el consejero, “esto se debe a no ser del agrado de la gobernadora”, aseguró Rojas.
Según el informe entregado, en un periodo de diez meses, entre septiembre del 2023 y mayo del 2024, se removió de la unidad a tres personas, las que otorgaron la información debida a la Comisión Investigadora.
“Es sumamente importante señalar lo que significó internamente la fiscalización que hemos realizado, nosotros solicitamos a la Unidad de Control del Gobierno Regional, que se nos entregara la información de cómo se estaban ocupando los recursos, luego que se entrega un informe que a la Gobernadora y su equipo no le gustó, comenzó a desmantelar la institución, removiendo funcionarios, haciendo calificaciones negativas, bajándolos en la escala y prácticamente desmantelándola”, expresó Gabriel Rojas.
Asimismo, el diputado Jorge Guzmán se refirió al respecto de esta medida. “Lo novedoso del informe, es que acredita que la gobernadora regional sancionó en la Unidad de Control, quienes entregaron los antecedentes y que levantaron las alertas, y eso ya no nos parece una acción al borde de la legalidad, sino que nos parece una acción inmoral”, declaró.
REACCIONES
Otro de los consejeros que fue parte de este proceso es César Muñoz, quien expresó que hay muchos hechos que pueden ser constitutivos de delito. “Hay muchos hechos, no solamente administrativos que deben mejorarse en el Gobierno Regional, sino que también hay otros que son constitutivos de un delito o alguna anomalía judicial, es por eso que tenemos que estar acá”, expresó Muñoz.
Por otra parte, el querellante Jorge Guzmán quien también recibió el informe, lo calificó como “categórico”, y respalda las pruebas presentadas anteriormente. “El resultado del informe entregado por la Comisión Investigadora es categórico, por cuanto ratifica lo ya señalado por la Contraloría General de la República, donde queda en evidencia el actuar desprolijo con falta de transparencia de la asignación de recursos por parte de la gobernadora regional” recalcó el diputado.
Con esta información, se espera que la Contraloría entregue mayor información, y el caso sea formalizado en un plazo más corto de lo esperado. Por mientras, la Gobernadora Regional, sigue en su cargo de autoridad con posibilidad de reelección el próximo 27 de octubre.
Desarrollado por
