Investigación. Contralor general Jorge Bermúdez confirmó que desde el GORE maulino se exigió la contratación de personas para la ejecución de un proyecto por parte de la fundación Urbanismo Social, lo que podría constituir un delito de falta a la probidad.
TALCA. La Contraloría General de la República decidió remitir al Ministerio Público los antecedentes de la investigación que llevó adelante sobre el Gobierno Regional del Maule y las transferencias de recursos realizadas a entidades privadas como las fundaciones, para que investigue la eventual constitución de delitos. La investigación abarca convenios y transferencias de recursos con numerosas fundaciones, existiendo especial atención en el caso de Urbanismo Social, donde el Gobierno Regional del Maule habría supeditado la ejecución del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, por cerca de 265 millones de pesos, a la contratación de determinadas personas, lo que podría constituir falta a la probidad.
Así lo dio a conocer ayer el propio contralor general de la República, Jorge Bermúdez, durante su participación en la sesión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, abocada a investigar el traspaso de recursos a fundaciones, y donde realizó una presentación de acuerdo a las investigaciones realizadas en las diversas regiones.
“Para nosotros el hecho objetivo es que se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada para poder realizar después el convenio. Eso ya está acreditado en el informe. Lo que no está acreditado es la responsabilidad”, dijo, agregando que “el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba que son las declaraciones de las personas y la documentación que sirve para fundar esas aseveraciones”. Asimismo, afirmó que “este informe es del Gobierno Regional del Maule y se fue al Ministerio Público y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”. Además, eventualmente los antecedentes también podrían ser entregados al Consejo de Defensa del Estado.
ALERTAS
Las alertas de este caso se encendieron cuando a fines de mayo la fundación Urbanismo Social envió una carta a la gobernadora Cristina Bravo, indicándole que no podría acceder a la contratación de una de las personas solicitadas por estar desempeñándose en un cargo público. Consultada en su momento la autoridad regional por esta situación, negó haber condicionado la ejecución del proyecto a cambio de la contratación de determinadas personas. En todo caso, en el informe de Contraloría Regional del Maule sobre el tema, y que ayer comenzó a circular en redes sociales, se entrega una detallada relación de hechos sobre el episodio entre el Gobierno Regional y la fundación Urbanismo Social, y se menciona a Aily Soto, Rodrigo Véliz y Javier Ahumada, como las personas que debían ser contratadas. Los dos primeros tienen vínculos familiares con directivos del Gobierno Regional y la tercera persona es concejal de la Democracia Cristiana (DC) en Curicó. Si bien ayer no había sido posible recoger la opinión de la gobernadora Cristina Bravo, por cuanto venía llegando de una misión comercial y tecnológica en Europa, al término de la jornada su equipo de comunicaciones compartió un video en el que se refiere al tema. “Yo creo que el Contralor General de la República cayó en una imprecisión, porque nosotros jamás hemos condicionado el traspaso de recursos a fundación o distintos organismos a través de una condición de contratación de personas. En el caso de Urbanismo Social, nosotros traspasamos y transferimos los recursos en diciembre de 2022 y a la fecha no tenemos ningún movimiento ni ejecución por parte de la fundación Urbanismo Social, pese a que hemos tratado de contactarlos para que partan con la ejecución o con la restitución de los recursos a través de la resciliación del convenio”, dijo la autoridad.
EXPOSICIÓN
En la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el contralor Bermúdez realizó una exposición sobre las investigaciones llevadas a cabo en los diferentes Gobiernos Regionales, incluyendo por cierto el del Maule. En general, la investigación observó la inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG; falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos de inversión; ausencia de procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras; falta de oportunidad en la dictación de instructivo; falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras.
También detectó debilidades en el proceso de asignación de recursos de las iniciativas de inversión; falta de análisis respecto de competencias de fundaciones, corporaciones y ONG; asignación directa de iniciativas de inversión como único mecanismo de asignación de recursos a entidades privadas; falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras; iniciativa aprobada que no cumple con los requisitos establecidos para su asignación; falta de mecanismos objetivos para la asignación de puntaje; falta de exigencia de antecedentes requeridos en el proceso de postulación; asignación de recursos a fundación con rendición pendiente; inconsistencias entre giros de actividad económica. Además, se identificó ausencia de cauciones; falta de control de los pagarés suscritos por entidades privadas para garantizar los recursos transferidos; falta de contabilización de las cauciones; incumplimiento en el plazo de las garantías exigidas en el convenio.
EN EL MAULE
En el caso del Maule, la fiscalización tuvo como objetivo practicar una auditoría y examen de cuentas a las transferencias a entidades privadas realizadas por el Gobierno Regional del Maule, en el periodo entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023. Fundamentalmente se revisó la situación con las fundaciones Tejido Social, Urbanismo Social, Semilla y Participa. En el informe de Contraloría del Maule, de 85 páginas, se indica que se inició la investigación en consideración de los acontecimientos suscitados en torno a las transferencias a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro y también, tras haber recibido numerosas presentaciones. Precisamente un grupo de consejeros regionales fue el que acudió en tres oportunidades a la Contraloría para aportar antecedentes, entre ellos el informe de la unidad de Control Interno del propio Gobierno Regional del Maule que detectó una serie de anomalías e irregularidades, como la no rendición de gastos, entre otras. Ese informe da cuenta de una aprobación de recursos por cuatro mil 530 millones de pesos para un total de 19 fundaciones, transfiriéndose en realidad dos mil 544 millones de pesos.
OBSERVACIONES EN VIVIENDA
En la sesión de la comisión investigadora, el Contralor General también se refirió a las observaciones y debilidades detectadas en la investigación realizada a la cartera de Vivienda en sus diversas reparticiones. Éstas, en general, son falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del programa Asentamientos Precarios; asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación; falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia; ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia; falta de exigencia de los planes de trabajo; control de las rendiciones efectuado a través de planillas excel; falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios. También mencionó falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia; falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas; falta al deber de abstención y eventual vulneración del principio de la probidad.
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