Facultades. Actualmente, las máximas autoridades regionales pueden aprobar proyectos y entregar recursos por hasta siete mil UTM (más de 442 millones de pesos), sin necesidad de revisión por parte del CORE.
TALCA. La necesidad de terminar con la atribución exclusiva de los gobernadores y gobernadoras de usar discrecionalmente recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con asignaciones directas de hasta siete mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir hoy 442 millones 841 mil pesos, planteó el consejero regional César Muñoz.
“Parte importante del problema que tenemos con las fundaciones es la atribución excesiva que tienen los gobernadores regionales a usar discrecionalmente recursos del FNDR. Hasta siete mil UTM puede ocupar el gobernador en forma directa. Eso hace muy peligrosa la distribución de los recursos en manos de una sola persona”, dijo, agregando que “lo que pido es que ese aporte se haga compartido con los consejeros regionales”.
César Muñoz explicó que actualmente un alto número de proyectos son autorizados por la gobernadora y presidente del Consejo Regional (CORE) y sin que esta organización tenga algún grado de participación.
“Si estos proyectos hubieran pasado por el CORE al menos habríamos compartido la decisión y no solo recae en una persona”, señaló, insistiendo que “ese poder económico no puede caer en una sola persona”.
Las declaraciones del consejero regional surgen en medio de la polémica que se ha suscitado en el Maule por un convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la Fundación Urbanismo Social, por 264 millones 950 mil pesos, por la ejecución del programa “Juntos y Juntas me siento más seguro”. El cuestionamiento a esta acción emergió luego que se tomara conocimiento de una carta enviada por la fundación a la gobernadora Cristina Bravo, en la que se menciona la recomendación de contratación de personal que habría recibido Urbanismo Social para la ejecución del proyecto. Esto es negado tajantemente por la autoridad regional. Sin embargo, la denuncia de este caso llevó a 10 consejeros regionales -entre ellos el propio César Muñoz- a solicitar información sobre este convenio y con otras fundaciones, a la unidad de control del GORE, y además a solicitar al Contralor Regional una investigación sobre estos hechos, para esclarecer y determinar la eventual existencia de irregularidades y que podrían ser constitutivas de delitos.
Muñoz explicó que en el caso de una asignación directa de recursos por parte de la máxima autoridad regional, el CORE recién toma conocimiento de esto por oficio cuando se hace la resolución del convenio respectivo entre el GORE y el organismo particular.
“Lo que pido por transparencia y eficiencia del gasto, que estos recursos puedan aprobarse colectivamente en un cuerpo colegiado que es el CORE y ella (Cristina Bravo) es la presidenta”, expresó.
En este sentido, indicó que para propiciar un cambio de atribuciones en materia presupuestaria se requiere de una iniciativa legal. “Se requiere modificación legal y espero que los parlamentarios puedan hacer el esfuerzo necesario para entender que esto es mejor para las regiones. Poder político, poder administrativo, pero no poder económico en una sola persona”, dijo.
SILENCIO EN URBANISMO SOCIAL
En tanto, en Urbanismo Social se guarda silencio frente al caso. La fundación sigue funcionando en sus oficinas ubicadas en Talca, en calle 2 Oriente, entre 1 y 2 Norte, donde se informó que esta comunicación estaba siendo canalizada desde el nivel central de la organización en Santiago. En el lugar se entregó el contacto de Nicolle Knust, directora de asuntos corporativos, para que pudiera referirse al tema, quien a su vez delegó esto en Javier Canitrot, como encargado de prensa, el que hasta el cierre de la edición, no devolvió el llamado telefónico para concretar la entrevista solicitada.
La fundación Urbanismo Social no solo aparece mencionada en el convenio con el Gobierno Regional, sino que también y con antelación en otros convenios con la cartera de vivienda tanto en el Maule como en Antofagasta, y que suman más de 800 millones de pesos.
La situación de Urbanismo Social salió a la luz pública a raíz de las indagatorias iniciadas en Antofagasta para investigar a otra fundación: Democracia Viva y también cuestionados convenios con Vivienda.
OTRA FUNDACIÓN
Quien también expresó su preocupación en este tema fue el consejero regional George Bordachar, especialmente por un proyecto a cargo de otra fundación; Huella Local, con una asignación de recursos -según dijo- por mil 721 millones de pesos.
“Se suponía que iba a hacer una asistencia técnica, el diseño de agua potable rural, y en eso no tiene ninguna experticia la fundación Huella Local”, afirmó, agregando que “afortunadamente por lo que nos dijo la gobernadora y los otros funcionarios del GORE, iban a desechar este proyecto”. Si bien existen muchas falencias o necesidades en agua potable rural en el Maule, en su opinión, “no son ellos los idóneos para hacer este tipo de proyecto” que consideraba una ejecución en 25 comunas.
Al respecto, sostuvo haber solicitado la información en más de una ocasión y está a la espera de su entrega.
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