La organización Amnistía Internacional publicó este lunes un informe sobre 35 detenciones durante la manifestación del 12 de diciembre en París contra la Ley de Seguridad Global, que no llevaron a ningún proceso penal.
Ese día, de las 142 personas detenidas, “casi el 80% no fueron finalmente procesadas”, señala Amnistía Internacional, que denuncia “detenciones arbitrarias” por parte de las fuerzas del orden. Esto plantea “preocupaciones legítimas sobre los riesgos de detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos”, afirma la ONG, miembro de la coordinación de asociaciones y sindicatos movilizados contra la Ley de Seguridad Global.
Esta proporción es comparable a la del periodo de los “chalecos amarillos”: desde finales de 2018 hasta finales de 2019, sólo el 27% de las personas detenidas por la policía habían sido procesadas.
La discrepancia entre el número de detenciones y los procesamientos reales es criticada regularmente por los activistas de las libertades civiles. “La judicialización de las manifestaciones no es algo nuevo”, declara Anne-Sophie Simpere, responsable de Libertades de Amnistía Internacional Francia y autora del informe. Pero el 12 de diciembre, “no hubo violencia notable por parte de los manifestantes, ni degradación. Nada parece justificar lo ocurrido en términos de detenciones o cargos”, agrega.
Cargas sorpresivas
La manifestación de ese día partió de Châtelet y llegó a la Plaza de la República, flanqueada a los lados y al frente por numerosos policías y gendarmes, formando una especie de “nasa” de la que era imposible salir.
Basándose en testimonios y videos, Amnistía subraya que las detenciones se produjeron con ocasión de “cargas” que no fueron precedidas de advertencias y sin que se produjeran “desórdenes significativos” en la procesión.
Una observación que ya había hecho el sitio de información Mediapart, al publicar videos de la manifestación del 12 de diciembre en los que se ven con claridad las cargas de policías contra manifestantes no violentos y sin las advertencias sonoras previstas por la ley.
“Me sorprendió la estrategia de mantenimiento del orden: en cada cruce, la policía cargaba contra los manifestantes no violentos sin ningún motivo ni advertencia”, comenta Alexis Baudelin, un abogado que fue detenido sin ser puesto bajo custodia.
“Leyes vagas”
El informe también señala las “detenciones basadas en leyes vagas”, en particular la que castiga la “participación en una agrupación para preparar violencias”, que fue mencionada en 25 de los casos estudiados. Sin embargo, según el estudio de Amnistía, sólo dos personas de 35 fueron detenidas en posesión de objetos (gafas de buceo, guantes y casco de motocicleta) que podrían justificar la sospecha de una participación a grupos violentos.
Esta disposición “carece de precisión” y “contribuye a que las autoridades la utilicen de forma indebida para violar los derechos humanos”, escribe Amnistía.
“Me dijeron que formaba parte de una banda maliciosa. Era incomprensible (…) Mi hijo es un activista, pero no es en absoluto una persona violenta”, denuncia Lara Bellini, cuyo hijo de 16 años pasó 20 horas bajo custodia policial antes de ser liberado sin cargos.
Por último, en al menos cinco casos estudiados por la ONG, las personas tienen prohibido estar en París durante un máximo de seis meses, una medida posibilitada por una ley de marzo de 2019. Esta restricción del derecho a viajar es “una condena sin juicio” que plantea “tanto más problemas (…) cuanto que las personas afectadas no pueden apelarla”, denuncia Amnistía, pidiendo al Parlamento que derogue esta disposición del código de procedimiento penal.
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